NO A LA PAPELERA

marzo 1, 2008

Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ Está implicado en al menos 337 secuestros como represor de la dictadura militar
Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ “Temporal”, el envío al país sudamericano; primero debe ser juzgado por los tribunales españoles

■ La acusación popular demanda una pena que oscila entre los 13 mil 300 y 17 mil años de prisión

Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España .

Bilbao, 29 de febrero. El Ejecutivo español, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó hoy la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de corbeta argentino procesado en España por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), por los que la fiscalía solicita una pena de 13 mil años de cárcel.


La legislación española, así como el enrevesado proceso que se abrió contra Cavallo, obliga a Madrid a extraditar sólo de manera “temporal” al detenido, quien deberá de ser juzgado y condenado por los tribunales españoles, que deberán anunciar en fecha próxima la apertura del juicio oral.

El proceso contra Cavallo en España ha sido singular desde el principio, no sólo porque se convirtió en el primer caso en que se aplicó de forma taxativa por dos países –España y México– la doctrina de la “justicia universal” en crímenes contra la humanidad, sino también por su desarrollo procesal en tribunales españoles.

Cuatro años y medio después de su ingreso en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, Cavallo podría ser extraditado a Argentina, pero sólo de manera “temporal” y para responder de forma puntual a las interrogantes y peticiones de la justicia de ese país, en este caso del despacho del magistrado Luis Torres, el responsable de investigar los crímenes que se perpetraron en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), un centro clandestino de detención y exterminio.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó en rueda de prensa del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la extradición de Cavallo, en acatamiento a un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional y a la petición expresa del detenido.

De la Vega matizó que la entrega sólo será de “forma temporal” y que ésta no se llevará a cabo hasta que extinga su “responsabilidad penal” con España.

Cavallo fue extraditado por las autoridades mexicanas en junio de 2003, con lo que, en virtud del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, el gobierno y los tribunales mexicanos tuvieron que acceder a la petición de que se rextraditara a Cavallo a Argentina.

El pasado 7 de febrero, la cancillería mexicana comunicó su beneplácito al traslado del preso.

Manuel Ollé, abogado defensor de la acusación particular, se mostró tranquilo ante la decisión del gobierno español, ya que –sostuvo– “el artículo 19 del Tratado de la Ley de Extradición Pasiva dice que con independencia de que se conceda la extradición no se le pueda entregar hasta que sea juzgado en España si tiene un juicio pendiente”.

Esto significa, según la defensa, que en el caso de que el ex militar represor sea extraditado a Argentina en los próximos días, éste deberá comparecer ante los tribunales españoles, donde tiene abierto un sumario con más imputaciones que el que en teoría se le abriría en Argentina.

El historial judicial de Cavallo, alias Sérpico, comenzó en 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en que pretendía huir a Argentina.

Entonces, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos del país, un cargo al que accedió gracias al gobierno del presidente Ernesto Zedillo y que le sirvió durante años para esconder su verdadera identidad.

La apertura en la Audiencia Nacional española de los procesos contra las dictaduras de Argentina y Chile permitieron identificar a los principales responsables de la represión y el exterminio en esos países del Cono Sur de América, por lo que desde esta instancia se giraron las primeras órdenes de detención internacional contra ellos, entre los que se encontraba Ricardo Miguel Cavallo.

Tras su aprehensión, Cavallo permaneció en prisión incondicional sin fianza durante el largo proceso de extradición en México, que culminó en junio de 2003 cuando tanto los tribunales mexicanos como el gobierno del entonces presidente Vicente Fox autorizaron su traslado a España.

Este dictamen significó un hito en la historia de la “justicia universal”, ya que por primera vez una tercera nación –México– autorizaba la entrega de un acusado por crímenes contra la humanidad a otro país –España–, que no estaba relacionado directamente con los delitos que se perseguían debido a que éstos se cometieron en Argentina.

A su llegada a España, Cavallo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, el juez Baltasar Garzón, quien durante los últimos tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral.

Tras las indagatorias, el magistrado español demostró la implicación de Sérpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la desaparición de 16 mujeres que dieron a luz en la Esma y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estas atrocidades, la Fiscalía del Estado español y la acusación popular solicitaron una pena que oscilaba entre los 13 mil 300 y los 17 mil años de cárcel.

La defensa y las víctimas insisten en que ahora más que nunca la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe fijar la fecha de apertura del juicio oral.

(fuente)

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febrero 28, 2008

Una lacra menos – Luis "Jeringa" Barrionuevo

EX REPRESOR – Murió “Jeringa” Barrionuevo – 28/02/2008

Luego de una prolongada enfermedad, Luis “Jeringa” Barrionuevo falleció en Mendoza. El ex represor se desempeñó como enfermero en Ushuaia y en 2002 fue electo Legislador provincial. Finalmente no pudo asumir su cargo debido a la fuerte presión social y política.

RÍO GRANDE – “Tenía miedo de que cuando llegara el momento no me iba a animar a empujar a la gente desde el avión, pero me animé. En ese momento me sentía Dios.”

La frase era del diputado provincial electo por Tierra del Fuego Juan “Jeringa” Barrionuevo, y se la dijo al técnico José Luis Díaz, según relató éste ante el fiscal Juan Soria.

La confesión se produjo en una noche de guardia en el hospital Regional de Ushuaia.

En esa charla, Barrionuevo no sólo admitió haber pertenecido al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sino que se ufanó de haber participado en los “vuelos de la muerte”, en los que los desaparecidos eran arrojados al río.

Días después la Legislatura fueguina trató el pedido de desafuero que hizo el juez federal Sergio Torres, como paso previo para concretar la detención del represor.

Un asesino entre nosotros

“Está bien, me llaman así por las famosas inyecciones de los ‘vuelos de la muerte’ “. Con este diálogo comenzó el relato de “Jeringa” de su experiencia en la ESMA, donde reportaba al capitán médico Carlos Octavio Capdevilla.

Ambos controlaban a los detenidos en las sesiones de tortura. El propio Barrionuevo confirmó que “como no quería que me usaran como forro, pidió autorización para participar de los ‘vuelos’ para ver qué se sentía”.

Cuando le preguntaron a “Jeringa” qué se sentía al empujar a una persona al vacío, el enfermero comparó la situación con la forma en que se le pierde el miedo a un muerto y le dijo que lo que había que hacer era “tocarlos”.

Admitió que había tenido temor de no poder empujar a sus víctimas, pero que finalmente eso no ocurrió. “En ese momento me sentía Dios porque estaba en mi mano la vida o la muerte de las personas. Con mi mano podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores causados por el miedo”, dijo Barrionuevo.

Basterra fue el primer sobreviviente de la ESMA en identificar a Barrionuevo a fines de 2003. Lo enfrentó públicamente en las calles de Ushuaia -la escena se pudo ver por Puntodoc, un programa de investigaciones popular por aquellas epocas- pocos días después de que resultara electo como diputado provincial por el PJ apadrinado por el ex gobernador Carlos Manfredotti.

La denuncia de Basterra fue respaldada por otros dos ex detenidos desaparecidos de la ESMA, Carlos Lordkipanidse y Carlos García, y por el gobierno nacional.

El jefe de asesores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, viajó como enviado de Eduardo Luis Duhalde con el objetivo de impedir que “Jeringa” asumiera en su cargo de diputado provincial, respaldando el pedido que habían hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la ONG fueguina Participación Ciudadana.

Las denuncias impidieron que el 17 de diciembre de 2003, Barrionuevo ocupara su puesto de diputado. Su asunción quedó suspendida, pero como la Constitución de Tierra del Fuego otorga fueros a los legisladores desde que son electos, sigue contando con inmunidad.

Por ese motivo, Torres se solicitó poco después el desafuero de “Jeringa”. La medida se concretó finalmente unos días después ya que los representantes de diferentes bloques del Parlamento fueguino no apañaron al represor.

Incluso la legisladora Nélida Lanzares, esposa de Manfredotti, aseguró en aquel momento que no pondría trabas para que se efectúe el desafuero.

Histórica sesión

Durante mayo de 2003, en una sesión calificada de “histórica”, la Legislatura de la Provincia aceptó por mayoría las impugnaciones contra el legislador electo del PJ Juan “Jeringa” Barrionuevo, quien de esa manera fue alejado en forma definitiva de la banca a la que accedió en las elecciones generales de junio de 2002 pero que nunca pudo ocupar.

Once parlamentarios -del ARI, el Movimiento 26 de Abril, el Frente de Unidad Provincial, el Movimiento Popular Fueguino y el propio Justicialismo- votaron a favor del dictamen que proponía separar del cargo al ex funcionario manfredottista.

Sólo tres legisladores votaron en contra de esa medida y a favor de prorrogar la suspensión de Jeringa hasta tanto se dictara sentencia definitiva en la causa judicial que tramitó ante el Juzgado Federal 12 de Buenos Aires.

El radical Jorge Bericua y las peronistas Nélida Lanzares y Angélica Guzmán, esposa y cuñada del ex gobernador Carlos Manfredotti respectivamente, estuvieron en contra de la histórica medida.

El alegato más extenso y contundente a favor de la posición mayoritaria fue pronunciado por el legislador de ARI, Manuel Raimbault, quien recorrió paso a paso las consecuencias políticas, económicas y sociales del gobierno militar en la Argentina, detallando los fundamentos jurídicos que habilitaban a la Legislatura a tomar esta determinación y precisó las pruebas que existían para demostrar la participación de “Jeringa” en los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

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