NO A LA PAPELERA

enero 8, 2008

Lo asesinaron para ocultar la verdad

Asesinato de represor Jorge Febres -08/01/2008

Para la jueza, a Febres lo mataron para que no hablara sobre la represión ilegal

Lo afirmó en la resolución que dispuso el proc Para la jueza, a Febres lo mataron para que no hablara sobre la represión ilegal

Lo afirmó en la resolución que dispuso el procesamiento de dos prefectos. Según la magistrada, el represor sentía un “gran malestar” con la Armada, ya que consideraba que lo “habían dejado solo”. Y afirmó que los acusados buscaban “evitar que traicionara el pacto de silencio” por los crímenes en la ESMA.


El represor Héctor Febres fue asesinado para que no hablara sobre los violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura, según sostuvo la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, al responsabilizar por el crimen a los dos prefectos detenidos por el caso.

En su resolución, la magistrada consideró que los efectivos -Angel Volpi y Rubén Iglesias- prestaron una colaboración “activa y deliberadamente orquestada” para el crimen. Y aseguró que buscaban “hacerlo sentir parte de la Prefectura, dándole los privilegios necesarios que evitaran que traicionara el pacto de silencio con los responsables de los delitos cometidos en la ESMA”.

“La ingesta del tóxico que produjo la muerte por envenenamiento de Héctor Antonio Febres no fue querida por el nombrado, es decir que no obedeció a un acto conciente de su parte. Con ello debe descartarse de plano el suicidio”, expresó la jueza en la resolución.

De acuerdo a la jueza, el entorno de Febres sabía que “su gran malestar era con la Armada”, ya que el represor consideraba que “lo habían dejado solo y entregado a la Justicia”. Al respecto, señaló que tanto Volpi como Iglesias se habían encargado de “monitorear” el estado de ánimo del detenido y su predisposición a hablar ante los juicios en su contra.

Precisamente, quedó acreditado que, sin que quedara ningún registro, Febres había sido visitado al menos en una oportunidad por un hombre que tenía aspecto de “policía o militar”. Y que su objetivo fue intimidarlo para que “guardara silencio respecto de aquella información sensible que fuera de su conocimiento”.

Con esos argumentos, la jueza decidió sobre el filo de esta madrugada el procesamiento de los prefectos Volpi e Iglesias como partícipes necesarios en el homicidio triplemente agravado de Febres y autores de abuso de autoridad, tras lo cual les fijo sendos embargos de cinco millones de pesos.

También resolvió dejar en libertad a los hijos de Febres, Ariel y Marcela; y a su viuda, Stella Daris Guevara, aunque quedaron procesados por encubrimiento por agravado y embargados con tres millones de pesos cada uno.

Según la causa, aunque frente a sus familiares intentaba disimular, Febres estaba “inestable emocionalmente y angustiado” por las causas que tenía en su contra. Además, le preocupaba gravemente ser trasladado a la cárcel de Marcos Paz.

Pero más allá de esa circunstancia y el decaimiento que le generó el embargo de una caja de ahorro y el futuro económico de su esposa, la jueza sostuvo que “no estaba instalado en el ánimo de Febres la idea de considerar el suicidio”, no sólo por su personalidad sino por su formación castrense.

Aunque por ahora no pudo establecer quién fue el autor material, el fallo sostiene que “tanto Volpi como Iglesias han realizado un aporte tal, dentro del quehacer criminal que concluyó con la vida de Héctor Febres, sin el cual dicha faena no se hubiera podido consumar”.

A las dificultades planteadas en una investigación por “muerte en custodia”, dijo la jueza, “nos encontramos con las insólitas irregularidades derivadas de una guardia y custodia harto inusual que ha puesto en extrema vulnerabilidad al detenido Febres” .

Lo asesinaron para ocultar la verdad

Asesinato de represor Jorge Febres -08/01/2008

Para la jueza, a Febres lo mataron para que no hablara sobre la represión ilegal

Lo afirmó en la resolución que dispuso el proc Para la jueza, a Febres lo mataron para que no hablara sobre la represión ilegal

Lo afirmó en la resolución que dispuso el procesamiento de dos prefectos. Según la magistrada, el represor sentía un “gran malestar” con la Armada, ya que consideraba que lo “habían dejado solo”. Y afirmó que los acusados buscaban “evitar que traicionara el pacto de silencio” por los crímenes en la ESMA.


El represor Héctor Febres fue asesinado para que no hablara sobre los violaciones a los derechos humanos cometidos por la última dictadura, según sostuvo la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, al responsabilizar por el crimen a los dos prefectos detenidos por el caso.

En su resolución, la magistrada consideró que los efectivos -Angel Volpi y Rubén Iglesias- prestaron una colaboración “activa y deliberadamente orquestada” para el crimen. Y aseguró que buscaban “hacerlo sentir parte de la Prefectura, dándole los privilegios necesarios que evitaran que traicionara el pacto de silencio con los responsables de los delitos cometidos en la ESMA”.

“La ingesta del tóxico que produjo la muerte por envenenamiento de Héctor Antonio Febres no fue querida por el nombrado, es decir que no obedeció a un acto conciente de su parte. Con ello debe descartarse de plano el suicidio”, expresó la jueza en la resolución.

De acuerdo a la jueza, el entorno de Febres sabía que “su gran malestar era con la Armada”, ya que el represor consideraba que “lo habían dejado solo y entregado a la Justicia”. Al respecto, señaló que tanto Volpi como Iglesias se habían encargado de “monitorear” el estado de ánimo del detenido y su predisposición a hablar ante los juicios en su contra.

Precisamente, quedó acreditado que, sin que quedara ningún registro, Febres había sido visitado al menos en una oportunidad por un hombre que tenía aspecto de “policía o militar”. Y que su objetivo fue intimidarlo para que “guardara silencio respecto de aquella información sensible que fuera de su conocimiento”.

Con esos argumentos, la jueza decidió sobre el filo de esta madrugada el procesamiento de los prefectos Volpi e Iglesias como partícipes necesarios en el homicidio triplemente agravado de Febres y autores de abuso de autoridad, tras lo cual les fijo sendos embargos de cinco millones de pesos.

También resolvió dejar en libertad a los hijos de Febres, Ariel y Marcela; y a su viuda, Stella Daris Guevara, aunque quedaron procesados por encubrimiento por agravado y embargados con tres millones de pesos cada uno.

Según la causa, aunque frente a sus familiares intentaba disimular, Febres estaba “inestable emocionalmente y angustiado” por las causas que tenía en su contra. Además, le preocupaba gravemente ser trasladado a la cárcel de Marcos Paz.

Pero más allá de esa circunstancia y el decaimiento que le generó el embargo de una caja de ahorro y el futuro económico de su esposa, la jueza sostuvo que “no estaba instalado en el ánimo de Febres la idea de considerar el suicidio”, no sólo por su personalidad sino por su formación castrense.

Aunque por ahora no pudo establecer quién fue el autor material, el fallo sostiene que “tanto Volpi como Iglesias han realizado un aporte tal, dentro del quehacer criminal que concluyó con la vida de Héctor Febres, sin el cual dicha faena no se hubiera podido consumar”.

A las dificultades planteadas en una investigación por “muerte en custodia”, dijo la jueza, “nos encontramos con las insólitas irregularidades derivadas de una guardia y custodia harto inusual que ha puesto en extrema vulnerabilidad al detenido Febres” .


diciembre 26, 2007

Italia cita al criminal Jorge Rafael Videla

Italia requirió la extradición de Videla y de Massera por el Plan Cóndor– 26/12/2007

Una jueza de Roma dictó 140 órdenes de detención contra militares argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos.

Autoridades de Italia pedirán a la Argentina la extradición del ex dictador Jorge Rafael Videla y del ex jefe de la Armada Emilio Massera, entre otros, por su presunta responsabilidad en el “Plan Cóndor”, por el cual la Justicia de Roma apresó al ex agente de Inteligencia uruguayo, Néstor Fernández Tróccoli.

Este, que frecuentaba la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención (1976-1983), fue detenido en Salerno (Italia), como parte de las 140 órdenes de captura que un tribunal de Roma libró contra sospechosos del Plan Cóndor, que coordinó la represión ilegal en el Cono Sur.

La medida alcanzó al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, aunque llegó hasta personas que ya fallecieron, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La jueza italiana Luisiana Figliolia abrió una investigación sobre los crímenes que, según determinó la Justicia argentina, involucró a militares locales, uruguayos, brasileños y paraguayos.

Fernández Tróccoli se convirtió en el primer detenido del caso.

Aunque Italia formalice los pedidos de extradición contra presuntos represores argentinos, se descuenta que el reclamo no prosperará porque la Justicia Federal local ya investiga los crímenes enmarcados en el Plan Cóndor.

De hecho, Videla, el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y el ex general Antonio Bussi (ex gobernador militar de Tucumán), están presos por delitos de lesa humanidad.

Jorge Tróccoli o "Van cayendo las ratas"

ABOGADO DE TRÓCCOLI DESMIENTE DETENCIÓN DEL MILITAR – 26/12/2007

Desde Italia, el abogado de Jorge Tróccoli, Adolofo Sacarano afirmó a Montevideo Portal que la extradición a Uruguay es imposible, debido a que su cliente es ciudadano italiano y aseguró que Trócoli se presentó voluntariamente a la policía.

Jorge Tróccoli afronta dos juicios, el primero en Uruguay llevado a cabo por el juez Luis Charles por su participación en los traslados clandestinos de 1977 y 1978.

El otro fue iniciado por una orden de captura de la Justicia Italiano, por la desaparición de ciudadanos italianos durante las dictaduras latinoamericanas, bajo la carátula “Plan Cóndor”.

Por esa causa, la Justicia Italiana pidió la extradición de más de 146 órdenes de detención que involucran también a ciudadanos brasileños, argentinos, peruanos, paraguayos, chilenos y bolivianos.

“El se presentó voluntariamente a la policía italiana, no fue detenido en su casa, sino que fue conmigo a la oficina de la policía de aquí”, afirmó a Montevideo Portal el abogado de Jorge Tróccoli, Adolfo Domingo Scarano.

Al ser consultado sobre el tratado de no extradición entre Uruguay e Italia, Scarano respondió: “El tiene pasaporte italiano y por eso no puede ser extraditado fuera de Italia, él ahora es italiano, no es más uruguayo, no puede salir de Italia”.

El abogado expresó que los hechos de los que se acusa a su cliente no pueden ser probados y destacó que en algunos casos se lo acusa por delitos ocurridos a 700 kilómetros de donde él estaba.

En referencia a la causa que enfrenta en nuestro país, Scarano opinó: “Es un juicio político que inició por venganza de los gobiernos de izquierda de ahora que estuvieron cerca de la guerrilla, hablemos claro, la cosa es así”.

Por otra parte resaltó que su cliente respondió a todas las preguntas que le realizó la Justicia: “Jorge Tróccoli contesta todo y se declara inocente”.

El militar fue detenido este lunes en la ciudad de Salerno y permanece recluido en la prisión de Regina Geli, en Roma. Al mediodía del jueves deberá presentarse ante la Justicia Italiana para ser interrogado por primera vez.

Italia cita al criminal Jorge Rafael Videla

Italia requirió la extradición de Videla y de Massera por el Plan Cóndor– 26/12/2007

Una jueza de Roma dictó 140 órdenes de detención contra militares argentinos, uruguayos, brasileños y paraguayos.

Autoridades de Italia pedirán a la Argentina la extradición del ex dictador Jorge Rafael Videla y del ex jefe de la Armada Emilio Massera, entre otros, por su presunta responsabilidad en el “Plan Cóndor”, por el cual la Justicia de Roma apresó al ex agente de Inteligencia uruguayo, Néstor Fernández Tróccoli.

Este, que frecuentaba la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), el mayor centro clandestino de detención (1976-1983), fue detenido en Salerno (Italia), como parte de las 140 órdenes de captura que un tribunal de Roma libró contra sospechosos del Plan Cóndor, que coordinó la represión ilegal en el Cono Sur.

La medida alcanzó al ex dictador uruguayo Juan María Bordaberry, aunque llegó hasta personas que ya fallecieron, como el ex dictador chileno Augusto Pinochet.

La jueza italiana Luisiana Figliolia abrió una investigación sobre los crímenes que, según determinó la Justicia argentina, involucró a militares locales, uruguayos, brasileños y paraguayos.

Fernández Tróccoli se convirtió en el primer detenido del caso.

Aunque Italia formalice los pedidos de extradición contra presuntos represores argentinos, se descuenta que el reclamo no prosperará porque la Justicia Federal local ya investiga los crímenes enmarcados en el Plan Cóndor.

De hecho, Videla, el ex jefe del Ejército, Cristino Nicolaides, y el ex general Antonio Bussi (ex gobernador militar de Tucumán), están presos por delitos de lesa humanidad.

Jorge Tróccoli o "Van cayendo las ratas"

ABOGADO DE TRÓCCOLI DESMIENTE DETENCIÓN DEL MILITAR – 26/12/2007

Desde Italia, el abogado de Jorge Tróccoli, Adolofo Sacarano afirmó a Montevideo Portal que la extradición a Uruguay es imposible, debido a que su cliente es ciudadano italiano y aseguró que Trócoli se presentó voluntariamente a la policía.

Jorge Tróccoli afronta dos juicios, el primero en Uruguay llevado a cabo por el juez Luis Charles por su participación en los traslados clandestinos de 1977 y 1978.

El otro fue iniciado por una orden de captura de la Justicia Italiano, por la desaparición de ciudadanos italianos durante las dictaduras latinoamericanas, bajo la carátula “Plan Cóndor”.

Por esa causa, la Justicia Italiana pidió la extradición de más de 146 órdenes de detención que involucran también a ciudadanos brasileños, argentinos, peruanos, paraguayos, chilenos y bolivianos.

“El se presentó voluntariamente a la policía italiana, no fue detenido en su casa, sino que fue conmigo a la oficina de la policía de aquí”, afirmó a Montevideo Portal el abogado de Jorge Tróccoli, Adolfo Domingo Scarano.

Al ser consultado sobre el tratado de no extradición entre Uruguay e Italia, Scarano respondió: “El tiene pasaporte italiano y por eso no puede ser extraditado fuera de Italia, él ahora es italiano, no es más uruguayo, no puede salir de Italia”.

El abogado expresó que los hechos de los que se acusa a su cliente no pueden ser probados y destacó que en algunos casos se lo acusa por delitos ocurridos a 700 kilómetros de donde él estaba.

En referencia a la causa que enfrenta en nuestro país, Scarano opinó: “Es un juicio político que inició por venganza de los gobiernos de izquierda de ahora que estuvieron cerca de la guerrilla, hablemos claro, la cosa es así”.

Por otra parte resaltó que su cliente respondió a todas las preguntas que le realizó la Justicia: “Jorge Tróccoli contesta todo y se declara inocente”.

El militar fue detenido este lunes en la ciudad de Salerno y permanece recluido en la prisión de Regina Geli, en Roma. Al mediodía del jueves deberá presentarse ante la Justicia Italiana para ser interrogado por primera vez.

diciembre 18, 2007

Seguimos sin depurar las fuerzas de seguridad, entre otras

La cúpula de Prefectura en la mira por el caso Febres – 18/12/2007

Es increíble darnos cuenta que quedan muchos “residuos patológicos” de la represión y la dictadura.

Casos como el de Jorge Julio López estremecen, pero más aún con este tipo de maniobrar que exceden lo mafioso e imaginable !

Qué se espera para erradicar toda esta lacra que contaminan y retardan un país completo, amén del miedo que produce saber que el Estado es incapaz de dar protección a sus ciudadanos?

Cómo es posible que ningún juez termine preso por no cuidar a los testigos y acusados?

Cuánto más deben padecer las víctimas y la población?

“La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investigará a los jefes de la fuerza y buscará encontrar a los responsables de la muerte del represor. Detectó una presunta maniobra entre un prefecto y un detenido.

La jueza determinó a través de una escucha telefónica que miembros de la Prefectura se iban a reunir con el ex jefe de la Zona Delta Rubén Iglesias.

El detenido había pedido un traslado médico al Departamento de Sanidad de la Fuerza, lo que había sido autorizado por Arroyo Salgado.

Pero una escucha telefónica la alertó de que allí se iba a producir una reunión para coordinar acciones en el marco de la causa que lleva adelante y dio marcha atrás con la autorización.

Del encuentro destinado a acordar una estrategia común iban a participar jefes de la Prefectura. La fuerza quedó involucrada en un escándalo por la muerte de Héctor Febres, quien falleció envenenado con cianuro, según lo determinó la autopsia que se le practicó.

La muerte se registró cuatro días antes de que el represor escuchara el veredicto de la Justicia por su participación en crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Según determinaron los investigadores del caso, Febres gozaba de una serie de privilegios en las instalaciones de Prefectura donde se encontraba alojado al momento de su muerte.

Por el escándalo, el Gobierno echó al jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, quien podría quedar imputado. La jueza Arroyo Salgado también dispuso la detención del agente encargado de la custodia de Febres y la viuda y dos hijos del represor”.

Seguimos sin depurar las fuerzas de seguridad, entre otras

La cúpula de Prefectura en la mira por el caso Febres – 18/12/2007

Es increíble darnos cuenta que quedan muchos “residuos patológicos” de la represión y la dictadura.

Casos como el de Jorge Julio López estremecen, pero más aún con este tipo de maniobrar que exceden lo mafioso e imaginable !

Qué se espera para erradicar toda esta lacra que contaminan y retardan un país completo, amén del miedo que produce saber que el Estado es incapaz de dar protección a sus ciudadanos?

Cómo es posible que ningún juez termine preso por no cuidar a los testigos y acusados?

Cuánto más deben padecer las víctimas y la población?

“La jueza federal Sandra Arroyo Salgado investigará a los jefes de la fuerza y buscará encontrar a los responsables de la muerte del represor. Detectó una presunta maniobra entre un prefecto y un detenido.

La jueza determinó a través de una escucha telefónica que miembros de la Prefectura se iban a reunir con el ex jefe de la Zona Delta Rubén Iglesias.

El detenido había pedido un traslado médico al Departamento de Sanidad de la Fuerza, lo que había sido autorizado por Arroyo Salgado.

Pero una escucha telefónica la alertó de que allí se iba a producir una reunión para coordinar acciones en el marco de la causa que lleva adelante y dio marcha atrás con la autorización.

Del encuentro destinado a acordar una estrategia común iban a participar jefes de la Prefectura. La fuerza quedó involucrada en un escándalo por la muerte de Héctor Febres, quien falleció envenenado con cianuro, según lo determinó la autopsia que se le practicó.

La muerte se registró cuatro días antes de que el represor escuchara el veredicto de la Justicia por su participación en crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Según determinaron los investigadores del caso, Febres gozaba de una serie de privilegios en las instalaciones de Prefectura donde se encontraba alojado al momento de su muerte.

Por el escándalo, el Gobierno echó al jefe de la Prefectura, Carlos Fernández, quien podría quedar imputado. La jueza Arroyo Salgado también dispuso la detención del agente encargado de la custodia de Febres y la viuda y dos hijos del represor”.

octubre 10, 2007

Muchos habran encontrado un poco de paz

“El cura del diablo”

Ayer 9 de Octubre de 2007 a las 19:45 hs. aprox., muchas víctimas de este infame criminal, tal vez hoy tengan un poco de paz.

El sacerdote criminal Christian Federico Von Wernich fue considerado partícipe y coautor de secuestros, torturas y asesinatos durante el terrorismo de Estado. El tribunal destacó que fueron hechos cometidos en el marco de un genocidio. Fue la primera condena de este tipo contra un miembro de la Iglesia, que hizo un tibio pronunciamiento y aún no lo sancionó.

La sala del Tribunal Oral de la Plata se transformó ayer en una improvisada celebración para los organismos de derechos humanos, cuando el presidente del jurado que enjuició al ex capellán de la Policía Bonaerense leyó la sentencia que condenaba al religioso a “reclusión perpetua e inhabilitación para ejercer cargos” de por vida.

Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo dieron el veredicto por los delitos de lesa humanidad cometidos por el sacerdote Christian Von Wernich, “enmarcado dentro del genocidio ocurrido en el país entre 1976 y 1983”. En la sentencia, también quedó explícito que cumplirá la condena en la cárcel de Marcos Paz.

La condena a reclusión perpetua para Christian Von Wernich fue recibida con satisfacción por las Madres de Plaza de Mayo.

Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos agravados de 31. Coautor de la privación de la libertad agravada y del homicidio triplemente calificado de siete personas. Por esos hechos, “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”, fue condenado ayer a reclusión perpetua el ex capellán de la policía bonaerense Christian Federico Von Wernich. Fue la primera sentencia contra un miembro de la Iglesia por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Fue recibida con aplausos, llantos, lágrimas y abrazos dentro de la sala de audiencias. El Episcopado se limitó a reiterar un viejo pronunciamiento en el que se señalaba que si miembros de la Iglesia participaron de la represión, lo hicieron bajo su responsabilidad personal.

La Iglesia no lo condenó

La Conferencia Episcopal Argentina que preside Jorge Bergoglio señaló anoche que la sentencia debe servir para “la reconciliación” y “es un llamado para alejarse tanto de la impunidad, como del odio y el rencor”, al tiempo que expresó su “dolor” por la “participación de un sacerdote en delitos gravísimos”.

La Iglesia Católica reflotó además la posición adoptada en 1995 cuando la Conferencia planteó que si un miembro de la Iglesia hubiera avalado “la represión violenta, habría actuado bajo su responsabilidad personal”.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina expresó que “los pasos que la Justicia da en el esclarecimiento de estos hechos, deben servir para renovar los esfuerzos de todos los ciudadanos en el camino de la reconciliación y son un llamado a alejarnos tanto de la impunidad, como del odio y el rencor”.

El comunicado lleva la firma de Bergoglio; del vicepresidente primero de la Conferencia y arzobispo de Tucumán, Luis Villalba; del vice segundo y obispo de Lomas de Zamora, Agustín Radrizzani y del secretario general y obispo de San Miguel, Sergio Fenoy.
Por otra parte, el obispado de 9 de Julio dará a conocer una posición sobre el caso, que podría llegar a una sanción de inhabilitación de por vida para ejercer el ministerio.

DÓNDE ESTÁ TU “PACIFICACIÓN”, BERGOGLIO ?????

Muchos habran encontrado un poco de paz

“El cura del diablo”

Ayer 9 de Octubre de 2007 a las 19:45 hs. aprox., muchas víctimas de este infame criminal, tal vez hoy tengan un poco de paz.

El sacerdote criminal Christian Federico Von Wernich fue considerado partícipe y coautor de secuestros, torturas y asesinatos durante el terrorismo de Estado. El tribunal destacó que fueron hechos cometidos en el marco de un genocidio. Fue la primera condena de este tipo contra un miembro de la Iglesia, que hizo un tibio pronunciamiento y aún no lo sancionó.

La sala del Tribunal Oral de la Plata se transformó ayer en una improvisada celebración para los organismos de derechos humanos, cuando el presidente del jurado que enjuició al ex capellán de la Policía Bonaerense leyó la sentencia que condenaba al religioso a “reclusión perpetua e inhabilitación para ejercer cargos” de por vida.

Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo dieron el veredicto por los delitos de lesa humanidad cometidos por el sacerdote Christian Von Wernich, “enmarcado dentro del genocidio ocurrido en el país entre 1976 y 1983”. En la sentencia, también quedó explícito que cumplirá la condena en la cárcel de Marcos Paz.

La condena a reclusión perpetua para Christian Von Wernich fue recibida con satisfacción por las Madres de Plaza de Mayo.

Partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada de 34 personas y coautor de la aplicación de tormentos agravados de 31. Coautor de la privación de la libertad agravada y del homicidio triplemente calificado de siete personas. Por esos hechos, “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina entre 1976 y 1983”, fue condenado ayer a reclusión perpetua el ex capellán de la policía bonaerense Christian Federico Von Wernich. Fue la primera sentencia contra un miembro de la Iglesia por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura. Fue recibida con aplausos, llantos, lágrimas y abrazos dentro de la sala de audiencias. El Episcopado se limitó a reiterar un viejo pronunciamiento en el que se señalaba que si miembros de la Iglesia participaron de la represión, lo hicieron bajo su responsabilidad personal.

La Iglesia no lo condenó

La Conferencia Episcopal Argentina que preside Jorge Bergoglio señaló anoche que la sentencia debe servir para “la reconciliación” y “es un llamado para alejarse tanto de la impunidad, como del odio y el rencor”, al tiempo que expresó su “dolor” por la “participación de un sacerdote en delitos gravísimos”.

La Iglesia Católica reflotó además la posición adoptada en 1995 cuando la Conferencia planteó que si un miembro de la Iglesia hubiera avalado “la represión violenta, habría actuado bajo su responsabilidad personal”.

El comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina expresó que “los pasos que la Justicia da en el esclarecimiento de estos hechos, deben servir para renovar los esfuerzos de todos los ciudadanos en el camino de la reconciliación y son un llamado a alejarnos tanto de la impunidad, como del odio y el rencor”.

El comunicado lleva la firma de Bergoglio; del vicepresidente primero de la Conferencia y arzobispo de Tucumán, Luis Villalba; del vice segundo y obispo de Lomas de Zamora, Agustín Radrizzani y del secretario general y obispo de San Miguel, Sergio Fenoy.
Por otra parte, el obispado de 9 de Julio dará a conocer una posición sobre el caso, que podría llegar a una sanción de inhabilitación de por vida para ejercer el ministerio.

DÓNDE ESTÁ TU “PACIFICACIÓN”, BERGOGLIO ?????

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