NO A LA PAPELERA

abril 1, 2008

CRIMINAL CABALLO EXTRADITADO DESDE ESPAÑA

Otro inmundo represor a juicio – 01/04/2008

Llegó el represor Cavallo y, ante el juez, defendió a la Armada.

No fue interrogado aún por secuestros, torturas y asesinatos en la ESMA.

Lo acusan de crímenes pero declaró sobre robos.

CAVALLO EN EZEIZA, CON CHALECO ANTIBALAS Y ESPOSADO, DE ALLI FUE A TRIBUNALES Y A LA CARCEL.

Finalmente, ocho años después de su detención en México a pedido de la Justicia española, el represor Ricardo Miguel Cavallo fue llevado ayer ante un juez argentino para declarar como acusado por los crímenes ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura.

Cavallo llegó ayer luego de ser extraditado por las autoridades españolas (ver: “La mirada…”) e inmediatamente fue llevado a los tribunales federales de Comodoro Py. Pero el juez federal Sergio Torres, a cargo de la “megacausa” ESMA, apenas lo interrogó por dos casos de robo de bienes a dos ex detenidos—desaparecidos, un desprendimiento de la causa principal.

“Niego los hechos que se me imputan, mi participación en los mismos y la integración a ninguna asociación ilícita, en particular a la que se me reprocha en este acto, por no revestir ese carácter la Armada de la República Argentina”, dijo Cavallo ante el magistrado. Igualmente, se guardó la opción de ampliar su declaración indagatoria una vez que tome “conocimiento certero de los hechos” que se le imputan, según consta en el acta labrada ayer en Tribunales.

Cavallo —trasladado luego al penal de Marcos Paz— está acusado en una causa caratulada “N.N. s/apropiación de bienes”, un desprendimiento de la “megacausa” ESMA. Según el juez, los delitos que habría cometido serían “el desapoderamiento de un bien inmueble” de Mario Villani y el “desapoderamiento” de “pertenencias” de Susana Jorgelina Ramus que “se encontraban en un guardamuebles de la empresa Verga Hermanos”.

Villani y Ramus eran dos integrantes de la organización guerrillera Montoneros que sobrevivieron al campo clandestino de detención que funcionó dentro de la ESMA, el mayor que tuvo la dictadura. Villani fue secuestrado el 18 de noviembre de 1977 y permaneció desaparecido hasta agosto de 1981. Ramus estuvo desaparecida dos años, entre enero de 1977 y enero de 1979.

En los próximos días, el magistrado avanzará sobre delitos más graves, como secuestros y torturas, aunque deberá seleccionar casos de víctimas que no estén incluidas en la causa que se le sigue en España. En caso contrario, su defensa podrá alegar que existe un doble juzgamiento, algo prohibido por la legislación vigente.

Ocurre que cuando España pidió la captura de Cavallo, los juicios en la Argentina estaban paralizados como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El capitán de corbeta retirado fue apresado hace ocho años en México, donde estaba a cargo del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE).

En España, Cavallo estaba acusado por más de dos centenares de casos de personas que pasaron por la ESMA y que en su mayoría permanecen desaparecidas. La fiscalía llegó a pedir 17 mil años de prisión para él. Sin embargo, ese país aceptó ahora extraditarlo como consecuencia de la reapertura de las causas en la Argentina tras la anulación de las “leyes del perdón”. Su causa en España fue archivada pero esa medida se encuentra apelada.

Ayer, la defensa de Cavallo pidió su excarcelación, lo que Torres resolvería hoy.

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marzo 25, 2008

LA INMUNDA Y CRIMINAL DICTADURA – 24 de marzo de 1976

Qué nos pasó ? – 24/03/2008

24 de marzo de 1976
Día de la continuidad de una era negra

La dictadura militar en Argentina

24 de marzo de 1976 – 10 de diciembre de 1983

El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular.

El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el “orden”, sin ninguna voz disidente.

Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y “desaparecieron”. Mientras tanto, mucha gente se exilió.

La guerra sucia

La “desaparición” fue la fórmula más siniestra de la “guerra sucia”: el “objetivo” era secuestrado (“chupado”) por un comando paramilitar (“grupo de tareas” o “patota”) donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los “desaparecidos” al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

La represión ilegal

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación

Obreros…………………………………………….. 30,0%
Estudiantes……………………………………….. 21,0%
Empleados………………………………………… 17,8%
Profesionales……………………………………. 10,7%
Docentes……………………………………………. 5,7%
Conscriptos y personal subalterno
de las Fuerzas de Seguridad……………….. 2,5%
Amas de casa………………………………………. 3,8%
Autónomos y varios……………………………. 5,0%
Periodistas…………………………………………. 1,6%
Actores y artistas………………………………… 1,3%
Religiosos…………………………………………. 0,3%

(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)

Golpes de Estado en Argentina – (anteriores a 1976)

Entre 1930 y 1983 Argentina vivió un largo período marcado fundamentalmente por 6 golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) con pequeños períodos de democracias débiles. Esos golpes fueron producidos por las Fuerzas Armadas, en muchos casos, con apoyo de civiles. Impusieron gobiernos de facto que interrumpieron la vida constitucional del país, con el objetivo de “poner orden”.

1) 1930 (- 1943)
José Félix Uriburu (1930-1932) encabezó el primer golpe militar de nuestra historia. Derrocó al presidente Yrigoyen.
Este golpe inauguró la década infame, una época marcada por la corrupción y el fraude electoral.
Agustín P. Justo (1932-1938) firmó el pacto Roca Runciman, con desventajas comerciales para el país.
Roberto M. Ortiz (1938-1942) triunfó en elecciones fraudulentas. Impulsó tímidas medidas democráticas. Renunció al cargo por enfermedad.
Ramón Castillo (1942-1943), vicepresidente de Ortiz, lo sucedió tras su retiro. Retomó la tradición del fraude y fue depuesto por el general Rawson.

2) 1943 (-1946)
Pedro P. Ramírez (1943-1944) asumió tras el golpe del 4 de junio de 1943.
Edelmiro J. Farrell (1944-1946) reemplazó al general Ramírez y puso a Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Democracia:
1946-1955
Juan Domingo Perón (1946-1955) fue elegido dos veces con gran apoyo popular. Inauguró una época marcada por la política social y el desarrollo económico.

3) 1955 (-1958)
Eduardo Lonardi (1955) lideró el golpe contra Perón, la Revolución Libertadora. Aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo. La Iglesia apoyó a las fuerzas rebeldes. Perón renunció y se exilió en Paraguay.
Lonardi fue destituido por Eugenio Aramburu (1955-1958), quien anuló la Constitución de 1949 y reestableció la de 1853. En 1958 convocó a elecciones.

Democracia:
1958-1962
Arturo Frondizi (1958-1962) triunfó en las elecciones tras hacer un pacto con Perón. Fue centro de numerosos planteos militares.

4) 1962 (-1963)
José maria Guido impuso un golpe y sostuvo un gobierno civil de facto. Frondizi fue confinado en la Isla Martín García.

Democracia
1963-1966
Arturo U. Illia (1963-1966) triunfó con el 22 % de los votos. El peronismo, proscripto, apoyó la abstención y el voto en blanco. Illia gobernó bajo presión sindical. Fue un gobernante honesto, pero su escaso respaldo popular le jugó en contra. El Ejército se dividió entre azules y colorados. Los “azules” impusieron al general Juan C. Onganía como comandante en jefe.

5) 1966 (-1973)
Juan Carlos Onganía (1966-1970) derrocó a Illia e instauró un régimen autoritario, marcado por la censura.
Roberto M. Levingston (1970-1971) inició una tímida apertura política pero rápidamente fue depuesto.
Alejandro A. Lanusse (1971-1973) llamó a superar los “errores del pasado” en un Gran Acuerdo Nacional. Intentó un acercamiento con Perón que fracasó y convocó a elecciones.

Democracia:
1973-1976
Héctor J. Cámpora (1973) triunfó con el lema “Cámpora al gobierno. Perón al poder”. Renunció y convocó a elecciones.
Raúl Lastiri (1973) fue presidente entre julio y octubre.
Juan D. Perón (1973-1974) regresó y marcó su llegada con la masacre de Ezeiza. Murió en medio de huelgas y acciones violentas.
María Estela Martínez de Perón (1974-1976) asumió la presidencia, tras la muerte de Perón. En 1975 el “Rodrigazo” marcó un ajuste económico que disparó la inflación. La presidente fue depuesta por una Junta Militar el 24 de marzo de 1976.

24 de marzo de 1976 – El Golpe Militar

Todo terminó a la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976 cuando el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”. O todo comenzaba. Es cierto: el país no estaba bien. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real.

Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti. “Control del país” significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica.

Y, fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada para “quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para los que causaren daños con explosiones o incendios; para los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las intimaciones, o se enfrenten con las fuerzas de seguridad”, pero en realidad significaba para todo el país que no acatara las órdenes, por más irracionales que fueran.

Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los argentinos, nunca más serían los mismos.

Entrega económica

El golpe de marzo del 76 puso en marcha un proceso económico liberal de redistribución del poder y la riqueza. De la mano del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proveniente de la más rancia aristocracia porteña y hombre de confianza de la banca internacional, se implantó la reducción del déficit en base a las privatizaciones y la transferencia de los gastos a las provincias. La economía se “modernizó” abriendo las puertas a la importación, lo que obligó a la industria nacional a competir en un plano de absoluta desigualdad. El modelo de Estado benefactor, que propugnaba el Justicialismo, y las propuestas nacionales y populares cedieron por la fuerza ante la imposición del antecedente inmediato del neo-liberalismo.

La prensa muda

Comunicado N° 19 del 24/03/76
“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Videla

29/3/76 – 1/8/78
Presidente: Tte. Gral. Jorge Rafael Videla

Junta:
Tte. Gral. Jorge Rafael Videla (hasta agosto de 1978)
Almte. Emilio Eduardo Massera (hasta septiembre de 1978)
Brig. Gral. Orlando Ramón Agosti (hasta enero de 1978)

Gabinete:
Ministerio del Interior: Gral. Brig. Albano Eduardo Harguindeguy
Ministerio de Defensa: Brig. My. (R) José María Klix
Ministerio de Relaciones Exteriores: Vlmte. César Augusto Guzzetti – Vlmte. Oscar A. Montes
Ministerio de Justicia: Brig. Auditor Julio Gómez
Ministerio de Cultura y Educación: Ricardo Bruera – Juan José Catalán
Ministerio de Economía: José Alfredo Martínez de Hoz
Ministerio de Bienestar Social: Clmte. Julio César Bardi
Ministerio de Trabajo: Gral. Brig. Horacio Tomás Liendo
Ministerio de Planeamiento: Gral. Div. Ramón Genaro Díaz Bessone – Gral. Brig. Carlos Laidlaw

1/8/78 – 29/3/81
Presidente: Tte. Gral. (R) Jorge Rafael Videla

Junta:
Tte. Gral. Roberto Eduardo Viola (agosto 1978 – dic. 1978)
Almte. Armando Lambruschini (sept. 1978 – sept. 1981)
Brig. Gral. Omar Domingo Rubens Graffigna (enero 1979 – dic. 1981)

Gabinete
Ministerio del Interior: Gral. Brig. Albano Eduardo Harguindeguy
Ministerio de Defensa: Cmte. David Rogelio Horacio de la Riva
Ministerio de Relaciones Exteriores: Brig. My (R) Carlos Washington Pastor
Ministerio de Justicia: Alberto Rodríguez Varela
Ministerio de Cultura y Educación: Juan Rafael Llerena Amadeo
Ministerio de Economía: José Alfredo Martínez de Hoz
Ministerio de Bienestar Social: Cmte. Jorge A. Fraga
Ministerio de Trabajo: Gral. Div. Llamil Reston

Corte, Side y Procuración

Corte Suprema de Justicia

Ministros de la Corte:
1976: Horacio H. Heredia (presidente), Adolfo Gabrielli, Abelardo F. Rossi, Alejandro R. Caride y Federico Videla Escalada

1977: Pedro J. Frías y Emilio Miguel Daireaux reemplazan a los renunciantes Videla Escalada y Caride

1978: Elías P. Gustavino reemplaza en octubre al fallecido Heredia. Gabrielli ocupa la Presidencia del cuerpo.

1980: César Black reemplaza en agosto al fallecido Daireaux.

1982: Carlos Alfredo Renom reemplaza en febrero al renunciante Pedro J. Frías.

Secretarios de informaciones del Estado (SIDE)

Gral. Otto. Carlos Paladino (feb. 1976 – enero 1977)
Gral. Carlos Enrique Laidlaw (enero 1977 – enero 1978)
Gral. Carlos Alberto Martínez (enero 1978 – dic. 1983)

Procurador General de la Nación

1976: Elías P. Gustavino
1978: Juan Francisco Linares
1981: Mario Justo López

Sociedad Rural y Unión Industrial

Sociedad Rural Argentina

Presidentes:
Celedonio V. Pereda (1972 – 1978)
Juan A. Pirán (1978 – 1980)
Horacio F. Gutiérrez (1980 – 1984)

Unión Industrial Argentina

Presidentes:
Carlos E. Coquegniot (1974 – 1976)
Intervención (1976)
Jacques Hirsch (1981 – 1983)

Iglesia

Iglesia Católica

Nuncio apostólico (embajador del Vaticano en Bs.As.)
Mons. Pío Laghi (1976-1980)
Mons. Ubaldo Calabressi (1981-2000)

Presidente de la conferencia episcopal:
Mayo 1973 – Mayo 1976: Mons. Adolfo Tortolo
Mayo 1976 – Abril 1979: Mons. Raúl Primatesta
Abril 1979 – Abril 1982: Card. Raúl Primatesta
Abril 1982 – Abril 1985: Card: Juan Carlos Aramburu

Represión ilegal

“Reclusión de hasta diez años a quien difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”. El comunicado 19 del autollamado Proceso de Reorganización Nacional no deja lugar a dudas. Silencio ante los camiones militares transportando civiles con los ojos vendados y ante los autos sin patente con hombres armados. Silencio ante el asesinato de dos militantes comunistas cuando comandos del Ejército y la Marina ocupan un local partidario. La represión no hace muchos distingos: son encarcelados el dirigente peronista Raúl Lastiri, su esposa Norma López Rega de Lastiri y el jefe de la UOM Lorenzo Miguel; fallan en el intento de arresto del ex presidente Héctor Cámpora, y secuestran a uno de los máximos líderes del sindicalismo combativo cordobés, René Salamanca.

28 de marzo de 1976
El Fondo Monetario apoya a la Dictadura

A sólo cuatro días del golpe militar que destituyó a María Estela Martínez de Perón, el Fondo Monetario Internacional aprueba un crédito de 127 millones y medio de dólares que poco tiempo le había negado al gobierno constitucional argentino. El apoyo al golpe de Estado es claro, pero el Fondo necesita justificaciones y así lo señalan en un comunicado: “La caída de las exportaciones argentinas se debe principalmente al marcado decaimiento de la venta de carnes, su segundo renglón de exportación, en respuesta a las restricciones que se impusieron en los principales mercados”. Los diarios del día dicen que “el crédito correspondiente a facilidades petroleras ha quedado descartado, pero se abre la posibilidad de otros créditos del Fondo. Entre ellos, el primer tramo de crédito y el acuerdo stand-by, que exigen para su concreción determinados compromisos por parte del gobierno del país receptor”.

30 de marzo de 1976
Universitarios bajo control militar

Demostrando que para todo hace falta la venia, el gobierno de facto autoriza, a partir del 30 de marzo, a que las universidades nacionales inicien sus actividades con total normalidad. Un día antes, la circular de la secretaría de prensa y difusión del régimen se encargaba de mostrar qué era la “normalidad” al señalar que “las universidades nacionales podrán continuar su actividad académica de acuerdo con las previsiones respectivas a partir de mañana, 30 de marzo, siempre que, a juicio de los delegados militares responsables, se hubieran alcanzados las exigencias mínimas en el orden disciplinario interno, clarificación administrativa y regularización de la docencia y del alumnado”. Toda una advertencia.

29 de abril de 1976
El Proceso quema los libros

Es el día del animal. En Córdoba, para no pasar desapercibidos, los militares dan la orden de fuego a la cultura. Sin eufemismos, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera. “Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar’”. Arden, entre muchas obras, El Principito, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. No conformes, ni más ni menos que desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la “Operación Claridad”: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.

16 de septiembre de 1976
La noche de los lápices: masacre en La Plata

Una ordenanza dictatorial limitaba el acceso de materiales informativos a los establecimientos escolares. Según la ley, podían ingresar sólo aquellos textos que fomentaran “el amor a Dios y a la Patria y el respeto a la familia y a la autoridad”. Para los militares de la Provincia de Buenos Aires, reclamar por el boleto estudiantil, como venía haciendo un grupo de estudiantes en La Plata, era un atentado que se debía reprimir de inmediato. Entre la medianoche y las cinco de la madrugada del 16 de septiembre, fueron secuestrados de sus domicilios los alumnos secundarios Claudio de Acha (17 años), Claudia Falcone (16 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchini (18 años) y Francisco López Muntaner (16 años). El martes 21, secuestraron a Pablo Diaz, de 18 años. Todos fueron trasladados al Pozo de Banfield donde se los torturó salvajemente. Salvo Díaz, que logró recuperar su libertad, los demás jóvenes continúan desaparecidos.

19 de diciembre de 1986
Masiva protesta contra el Punto Final

Unas 50 mil personas marcharon entonando consignas contrarias al proyecto presidencial de Punto Final. Convocada por partidos opositores, organismos defensores de derechos humanos y sectores juveniles del radicalismo, la marcha contra el proyecto oficial partió del Obelisco a las 20 y se dirigió a la Plaza de los Dos Congresos, donde un representante de la Iglesia leyó una declaración conjunta repudiando todo intento de mutilación o limitación a la acción de la Justicia en la investigación y castigo a los criminales del terrorismo de estado.

Las columnas comenzaron a arribar a la Plaza a las 21.15 y los dirigentes subieron las escalinatas del monumento desde donde se pronunciaron contra el proyecto presidencial. También hubo diversos actos similares en el resto del país, destacándose los realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán.

06 de marzo de 2001
Declaran nulas las leyes del perdón

El juez federal Gabriel Cavallo declara –por primera vez– la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el marco de la causa que investiga la desaparición del matrimonio Poblete y su hija, Claudia Victoria. El fallo será ratificado por la Cámara Federal en noviembre de ese año. El juez Cavallo cita lo acordado por la Corte Suprema al reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizó el pedido de anulación de las normas, anuncia que abrirá causas penales en las que serían acusados, entre otros, el represor Jorge Olivera, el coronel Eduardo Cardozo, el ex marino Alfredo Astiz y el capitán Raúl Scheller. El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, también podría afrontar un proceso judicial por su responsabilidad en la masacre de Margarita Belén.

Frases utilizadas por la dictadura en campañas concientizadoras:

¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento?
(Mensaje publicitario oficial, 1976/77)

Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después… a sus simpatizantes, enseguida… a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos.
(General Ibérico Saint Jean. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Mayo de 1977)

Me estoy probando los pantaloncitos para bañarme en el Pacífico.
(General Luciano Benjamín Menéndez, en obvia provocación a Chile, 1978)

El Mundial tenemos que jugarlo todos los argentinos.
(Slogan Oficial del Mundial 78)

Los argentinos somos derechos y humanos.
(Leyenda popularizada en una calcomanía durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que vino en 1979 a constatar la represión ilegal)

La inflación está muerta.
(Christian Zimmermann, vicepresidente del Banco Central, 1980)

La gente nunca tuvo más plata que ahora.
(José Martínez de Hoz, en Nueva York, 1980)

Las urnas están bien guardadas.
(General Leopoldo Galtieri, 1981)

El que apuesta al dólar pierde.
(Lorenzo Sigaut, ministro de economía, 1981)

No digo adiós, digo hasta luego.
(José Martínez de Hoz, 1981, cuando dejó el ministerio de Economía)

Si quieren venir, que vengan.
(General Leopoldo Galtieri, en alusión a los ingleses, 1982)

¡Que traigan al principito!
(General Mario Menéndez, gobernador de Malvinas, refiriéndose al príncipe Andrés de Inglaterra, 1982)

Espero ser el último Presidente de facto de la Argentina.
(General Reynaldo Bignone, último presidente de facto, 1983)

Testimonios

Éramos catorce madres. Volvimos a la semana siguiente. Volvíamos cada semana por novedades a reclamar. Hasta que un día la policía nos dijo que no podíamos estar reunidas, porque había estado de sitio, y que debíamos caminar. Ellos nos impulsaron a caminar. -Caminen de a dos… circulen…- nos gritaban los policías. Nos tomábamos del brazo y empezábamos a caminar. Llegábamos a la plaza y nos poníamos en marcha para que la policía no nos corriera.
(Revista Paz y Justicia. Enero 1983)

Por primera vez un tribunal de justicia de un gobierno democrático consigue sentar en el banquillo de los acusados a los nueve integrantes de las juntas militares, que se sucedieron en el poder entre 1976 y 1982, tras un golpe de Estado. Las cabezas visibles de esa dictadura son juzgadas desde el 22 de abril de 1985. Estamos al frente de un acontecimiento histórico, que marcará para siempre la vida de la sociedad argentina.
(Diario del juicio. Ed. Perfil. 1985)

No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado por haber ganado una guerra justa.
(Emilio Massera, en declaraciones del juicio a las juntas, 1985)

No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar, el Río de la Plata, el riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo.
(Declaración de Videla del libro “El dictador”, de María Seoane y Vicente Muleiro)

Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más.
(El fiscal Julio César Strassera en el cierre de su alegato de una semana, el 18 de septiembre de 1985)

La plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección (…) los primeros pasos tienen mucha profundidad y cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres, antes de salir para la plaza, y me lo aprieto fuerte en la barbilla, es un abrazo, el abrazo de los treinta mil. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de los tantos.
(Hebe de Bonafini, Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo en Diario Página 12, 26 de junio de 1996).

Músicas y canciones

Argentina
Sonido Sucio

Canción de Alicia en el país
Serú Giran

Canción de cuna para gobernante
María Elena Walsh

Canción Inútil
Ataque 77

Como la Cigarra
María Elena Walsh

Cuervos en casa
Fito Páez

Desapariciones
Rubén Blades

Ellas danzan solas (They dance alone)
Sting

Ellos son
Los Violadores

Juan Represión
Sui Generis

Indulto
Alejandro Lerner

Informe de la situación
Víctor Heredia

La isla de la buena memoria
Alejandro Lerner

La marcha de la bronca
Pedro y Pablo

La memoria
León Gieco

Las botas locas
Sui Generis

Algunas canciones

Las Madres del Amor
León Gieco

Los dinosaurios
Charly García

María Pilar
Teresa Parodi

No bombardeen Buenos Aires
Charly García

No llores por mí, Argentina
Serú Girán

Nos siguen pegando abajo
(Pecado mortal)
Charly García

No soy un extraño
Charly García

Pensé que se trataba de cieguitos
Los Twist

Por qué cantamos
Benedetti, Favero

Reina madre
Raúl Porchetto

Represión
Los Violadores

Sólo le pido a Dios
León Gieco

Sobreviviendo
Víctor Heredia

Todavía cantamos
Víctor Heredia

Todo preso es político
Los Redonditos de Ricota

marzo 15, 2008

Trelew y aquel 22 de agosto…

Continúan las investigaciones por la verdad – 13/03/2008

Masacre de Trelew: piden más detenciones

Se trata de los dos únicos ex funcionarios con vida de la administración Lanusse; la decisión refuerza la teoría de que la orden de disparar contra los militantes partió del más alto nivel del gobierno militar de 1972

(Télam).- El juzgado de rogatoria de Capital Federal tramita desde esta tarde dos nuevos pedidos de detención en torno a la Masacre de Trelew, nombre con el que se conoce a la causa por la que se investiga la muerte de 16 militantes de izquierda el 22 de agosto de 1972.

La confirmación del pedido fue formulada a Télam por el secretario penal del juzgado federal de Rawson, Mariano Miquelarena, quien sostuvo que “el pedido está formulado desde primera hora de esta tarde y ahora es el juzgado en Buenos Aires el que debe tramitarlo”.

El pedido está dirigido contra el Brigadier Mayor (R) Ezequiel Martínez quien era secretario de la junta militar de la época en que se produjo la matanza en la base Almirante zar de la armada, y contra Eduardo Aguirre Obarrio entonces ministro de defensa del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse.


Los pedidos de detenciones habían sido adelantados el lunes en conferencia de prensa por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, y tramitado hoy tras correrle vista al secretario penal que dio luz verde a la medida.

Duhalde, en su condición de querellante, ratificó con el pedido la teoría de que la decisión de disparar contra los militantes de organizaciones de izquierda no se tomó en la base misma sino en el más alto nivel político-militar de entonces.

De allí el pedido de detener a los dos únicos ex funcionarios con vida de la administración Lanusse.

Además el pedido de Duhalde había sido formulado en un día clave para la causa pues fue en la jornada en la que el juez federal Hugo Sastre resolvió “ordenar el procesamiento y convertir en prisión preventiva” a la detención de los cinco imputados.

La resolución además traba embargos millonarios contra los bienes de los imputados y dispone que cuatro de los cinco presos sean trasladados a la cárcel federal 2 de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, menos el ex cabo Marandino.

Esto último fue apelado hoy por la defensora oficial Mirta Mabel Seniow de Gando, quien defiende a dos de los cinco detenidos, quien pidió la prisión domiciliaria de sus asistidos en coincidencia con los otros dos defendidos por los penalistas Gustavo Latorre y Fabián Gabalachis.

“Eso está a resolver por el juez” confiaron las fuentes judiciales en relación al pedido de bloqueo de traslado a la cárcel penitenciaria y que se sustituya esa medida por la prisión domiciliaria que beneficie al contralmirante Horacio Mayorga (83) y a los ex capitanes Rubén Norberto Paccagnini (81), Emilio Jorge Del Real (73) y Luis Emilio Sosa (73).

El único que no pidió cambios en su situación de detención fue el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino, cuyo abogado Roberto Aguiar solo reclamó por el millonario embargo argumentando que “era un simple cabo” cuya solvencia no llega a cubrir los dos millones y medio de pesos exigidos.

En la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 pasadas las tres de la madrugada, murieron fusilados los militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Carlos Alberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon y María Angélica Sabelli.

También perecieron los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suarez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla.

La lista de las víctimas fatales se completa con los militantes de la organización “montoneros” Susana Graciela Lesgart de Yofre y Mariano Pujadas.

A la balacera sobrevivieron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar (todos desaparecidos sobre fines de la década del 70), quienes alcanzaron a relatar que en el interior de la zona de calabozos se produjo el fusilamiento de personas indefensas.

marzo 9, 2008

La Justicia colaboradora del Proceso

Juzgan a una ex jueza por colaborar con represores – 09/03/2008

La Cámara confirmó el procesamiento de Emilia Marta García en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la ESMA.

El fallo que dejó a la ex magistrada al borde del juicio oral al que tuvo acceso Infobae.com fue dictado por la Sala II de la Cámara al confirmar el procesamiento dictado por el juez Sergio Torres por los delitos de extorsión y asociación ilícita y que además incluyó un embargo de 700.000 pesos.

Se trata de una investigación desprendida de la “megacausa” de la ESMA que fue reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en la que también fue acusado el ex almirante Emilio Eduardo Massera.

La causa se inició a partir del caso de la sustracción de los bienes por parte de los captores de Conrado Gómez, cuyo secuestro y posterior desaparición ocurrió el 10 de enero de 1977, y luego se extendió a otros casos.

Entre los bienes que le sustrajeron estaban la escritura de un campo ubicado en San Juan, papeles relativos a una sociedad, Cerro Largo, propietaria de tierras situadas en la localidad de Chacras de Coria en Mendoza, caballos de carrera, entre otros.

García fue procesada por haber colaborado con el ex represor en la “estructura financiera” de los militares acusados que desapoderaban de sus bienes a los detenidos mediante maniobras defraudatorias.

Según el expediente, García se desempeñaba en una escribanía que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas “transferían” sus bienes a sociedades que integraban familiares de los ex marinos, entre ellos el hijo de Massera.

García fue en la década del 70 síndica de la empresa “Will-Ri” que conformaban, entre otros, los represores Jorge “el Tigre” Acosta, Jorge Radice y Francis William Wahmond, todos imputados en la megacausa de la ESMA.

La Cámara descartó los argumentos de la defensa de la ex jueza que al
declarar se justificó al decir que actuó “coaccionada” por temor a eventuales represalias sobre una hermana que estaba desaparecida.

García manifestó en su descargo que “vivía en estado de terror permanente” y que “sólo firmaba lo que le pedían”, pero sus dichos no lograron convencer ni al juez Torres ni a la Cámara Federal de su inocencia.

Pero la Cámara en el fallo sostuvo que “Emilia Marta García sabía que integraba la organización que se dedicó a obligar que les fuera transferida, a su favor, la titularidad de distintos bienes pertenecientes a víctimas que en el momento de los hechos se hallaban privadas ilegalmente de su libertad y que, no obstante ello, tuvo la intención de procurar este cometido”.

Finalmente, la Cámara sugirió la realización del juicio oral y público donde deberán debatise algunas cuestiones que restan profundizar.

marzo 8, 2008

DIFUNDA ESTE PEDIDO POR FAVOR !

Abuela busca a CLARA ANAHÍ MARIANI – 08/03/2008

BUSCAMOS PARA QUE APAREZCA !


Causa Etchecolatz – 5 de julio de 2006

“Chicha” Mariani: “En lugar del rosario, que alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Anahí”.

En una extensa declaración María Isabel Chorobik de Mariani habló de los homicidios en la casa de calle 30 entre 55 y 56, de la sustracción de su nieta Clara Anahí y de los pasos dados en su investigación a lo largo de treinta años.

(La Plata, 5julio2006).- La entrada de la testigo a la sala fue saludada con un largo aplauso del público que colmaba la sala. En el inicio de su testimonio relató que Diana Teruggi era una estudiante de letras de 26 años, casada en 1972 con Daniel Mariani. La pareja había perdido antes un embarazo, de modo que Clara Anahí era un bebé muy deseado.

En la casa de calle 30 los jóvenes habían instalado una fábrica de escabeche con la intención de proporcionar trabajo a personas del barrio. En la parte de atrás de la casa funcionaba una imprenta clandestina.

El 24 de noviembre de 1976, “Chicha” Mariani estaba en su casa de calle 44 y 21 esperando a Diana que le llevaría a la niña para que la cuide, como hacía todos los miércoles.

Advirtió el inusual movimiento de tanques, helicópteros, patrulleros y efectivos y tuvo miedo por su nuera. “Yo no sabía nada de política en aquella época, pero sabía que estaban matando a mis mejores alumnos”. Chorobik era por entonces profesora del Liceo “Víctor Mercante”. Se inquietó pensando que Diana iba a tener inconvenientes para llegar y fue a la casa de una amiga. Iba y venía, tejiendo mientras esperaba. Ese tejido está aun hoy en el punto en que lo dejó.

La testigo relató que ese día recibió un llamado que le avisaba que su padre estaba enfermo, de modo que se fue a City Bell para estar con sus familiares. Al regresar a su casa vio un tumulto de gente frente a su casa, muchos lloraban. Creían que ella estaba muerta dentro de la casa, porque había habido un tiroteo. Al ingresar encontró todo destrozado y medio metro de todas las cosas rotas, vidrios, cubiertos, ropa, aceite, café, lo que fuera que hubieran encontrado en la casa estaba roto y tirado, salvo lo que habían robado.

Únicamente dejaron a salvo y a la vista una cinta con el “Réquiem” de Verdi y la póliza de seguro de vida de la testigo.

La ex presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo relató los acontecimientos de esos días: la búsqueda de los cuerpos de sus familiares, la entrevista con el Comisario Sertorio en la seccional Quinta, la invasión de su casa por una patota al mando de Luis Abelardo Patti y el ofrecimiento del policía Daniel Del Arco de “venderle a su nieta”, tal como lo había hecho en el Juicio por la Verdad. (ver http://www.apdhlaplata.org.ar\prensa\199970499.htm).

Agregó también datos conocidos después de aquella declaración, como el aportado por el ex chofer de Etchecolatz, hoy detenido, Hugo Guallama. Según este represor Camps o Etchecolatz habrían dado la orden de muerte: “Dale, negro, tirale que ahí va saliendo”, y Diana fue ametrallada por la espalda, cubriendo el cuerpo de su hija y salvando así su vida. Mencionó también a otros policías que participaron del episodio, como Monzón, Vercellone, Carlos “el oso” García y Fiorillo, éstos dos últimos responsables directos de haber sacado a Clara Anahí de la casa.

Juan Fiorillo fue, como se ha informado con anterioridad, el responsable de la desaparición de Felipe Vallese en 1962 y, durante la última dictadura, jefe del Comando de Operaciones Tácticas. Chorobik lo calificó hoy como el “monje negro” de la represión. En cuanto a García, participó de la comisión investigadora del atentado a la AMIA que suministró información falsa al juez Galeano, fue jefe de custodia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y también custodio del arzobispo Antonio José Plaza.

Mencionó también a un cabo de apellido Bazán, perteneciente al R.I. 7, a quien llevaban “para las cosas feas”. Este suboficial habría ametrallado a Daniel Mendiburu Eliçabe en un rincón del patio, donde todavía pueden apreciarse los impactos de bala.

Su primer contacto con el Poder Judicial fue a través de un Juzgado de Menores, donde conoció a la entonces asesora Lidia Pegenaute, quien le hizo saber que había otras abuelas buscando a sus niños desaparecidos. A partir de allí comenzó a hacer contacto con esas mujeres que sufrían lo mismo que ella y que reclamaban por sus nietos.

La primera reunión de las por entonces llamadas “Abuelas Argentinas con nietos desaparecidos” se realizó debajo de un árbol, frente a la puerta del Círculo Militar.

A partir de allí una de las tareas que se dieron fue visitar a los jueces. Al menos una vez por mes, en grupos de tres personas, recorrían los juzgados y se entrevistaban con cada uno de los jueces: “la justicia no significó mucho aporte. Aunque ahora sí tengo esperanzas en el juez Corazza y en lo que pueda surgir de este juicio”.

Relató también los viajes de las Abuelas, que recorrieron los centros científicos del mundo buscando una forma de identificar a los niños en ausencia de sus padres, hasta que la encontraron en los Estados Unidos. Así nació el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand y también se conformó el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Yo no le debo nada a la iglesia”

El primer sacerdote que la testigo contactó en su búsqueda fue el Pbro. Angel Colabella, organista de la catedral. Él le manifestó que no podía hacer nada, que muchos amigos suyos iban a verlo para preguntarle lo mismo. Pero se ofreció para preguntar a los aviadores de los Hércules si alguna vez los habían trasladado.

También visitó, como tantos familiares, a monseñor Emilio Graselli, quien le prometió noticias si volvía en quince días. En la segunda entrevista lo notó muy cambiado. El eclesiástico le manifestó que “la nena está muy alto y ya no se puede hacer nada, es demasiado tarde”.

La actitud del entonces arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, fue enviarla al subsuelo de la catedral para hablar con un policía de apellido Sozi, que terminó interrogándola a ella.

Dieciocho veces fueron las Abuelas de Plaza de Mayo al Vaticano, con carpetas sobre los chicos desaparecidos. A la testigo le consta que el papa Juan Pablo II tuvo en sus manos los legajos, pero nunca recibieron una respuesta. Rescató en cambio la figura de algunos obispos, como De Nevares y Novak, que les brindaron consuelo y ayuda.

“Lo veo a Etchecolatz con el rosario y quisiera decirle que en lugar del rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Anahí, porque él lo sabe. Yo acuso a Etchecolatz de la muerte de mi nuera, de la desaparición de mi nieta, de estos treinta años de estar viviendo en la ignorancia de su destino. Y también del sufrimiento de miles de familias que buscan un rastro de sus hijos”.

Mariani reclamó una respuesta del Estado, que debe velar por esos niños, que son ciudadanos argentinos desaparecidos.

Un policía le dijo que Clara Anahí sobrevivió al ataque.

La segunda testigo de la fecha fue Lilian Stancati, quien recuerda el ataque a la casa de calle 30 por haber sido vecina de la zona. El operativo policial y militar incluyó tanques, ambulancias, patrulleros y varios helicópteros y la declarante escuchó detonaciones desde el mediodía hasta aproximadamente las cinco de la tarde.

La testigo trabajaba en la Delegación City Bell del municipio platense. Allí cumplía funciones de vigilancia policial un efectivo que siempre realizaba comentarios en el sentido de que tenía sueño porque la noche anterior “habían salido de rotetion”, refiriéndose a operativos policiales posiblemente vinculados a secuestros.

Este policía le relató en una oportunidad que durante el ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56 la niña había sobrevivido porque había sido resguardada por sus padres con mantas y frazadas. Agregó que había sido entregada a un alto jefe policial cuya esposa no podía tener hijos.

La esposa del policía Daniel del Arco se contactó con Abuelas.

Rosaria Isabella Valenzi fue citada por el tribunal para atestiguar sobre la visita que la señora Patricia Domenici a la sede de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata.

Domenici había sido pareja de Daniel Del Arco y tenían un hijo. En abril de 1991 se presentó en Abuelas buscando contactarse con la señora de Mariani. Quería contarle que su esposo estaba vinculado con la desaparición de Clara Anahí. En ese momento dijo tener “mucha bronca” porque Del Arco quería quitarle a su hijo.

Finalmente ese contacto no se produjo. Posiblemente Domenici ignorara que Del Arco se había conectado mucho antes con Mariani, intentando “venderle” a su nieta, maniobra que habría sido desbaratada por el propio Camps.

Toda la crónica del juicio a Etchecolatz en http://www.apdhlaplata.org.ar.

Ud. puede colaborar con el sostenimiento de este juicio. Ingrese a http://www.apdhlaplata.org.ar/donaciones/donaciones.htm y apoye la lucha por la Verdad y la Justicia.

(fuente)

marzo 1, 2008

Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ Está implicado en al menos 337 secuestros como represor de la dictadura militar
Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ “Temporal”, el envío al país sudamericano; primero debe ser juzgado por los tribunales españoles

■ La acusación popular demanda una pena que oscila entre los 13 mil 300 y 17 mil años de prisión

Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España .

Bilbao, 29 de febrero. El Ejecutivo español, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó hoy la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de corbeta argentino procesado en España por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), por los que la fiscalía solicita una pena de 13 mil años de cárcel.


La legislación española, así como el enrevesado proceso que se abrió contra Cavallo, obliga a Madrid a extraditar sólo de manera “temporal” al detenido, quien deberá de ser juzgado y condenado por los tribunales españoles, que deberán anunciar en fecha próxima la apertura del juicio oral.

El proceso contra Cavallo en España ha sido singular desde el principio, no sólo porque se convirtió en el primer caso en que se aplicó de forma taxativa por dos países –España y México– la doctrina de la “justicia universal” en crímenes contra la humanidad, sino también por su desarrollo procesal en tribunales españoles.

Cuatro años y medio después de su ingreso en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, Cavallo podría ser extraditado a Argentina, pero sólo de manera “temporal” y para responder de forma puntual a las interrogantes y peticiones de la justicia de ese país, en este caso del despacho del magistrado Luis Torres, el responsable de investigar los crímenes que se perpetraron en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), un centro clandestino de detención y exterminio.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó en rueda de prensa del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la extradición de Cavallo, en acatamiento a un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional y a la petición expresa del detenido.

De la Vega matizó que la entrega sólo será de “forma temporal” y que ésta no se llevará a cabo hasta que extinga su “responsabilidad penal” con España.

Cavallo fue extraditado por las autoridades mexicanas en junio de 2003, con lo que, en virtud del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, el gobierno y los tribunales mexicanos tuvieron que acceder a la petición de que se rextraditara a Cavallo a Argentina.

El pasado 7 de febrero, la cancillería mexicana comunicó su beneplácito al traslado del preso.

Manuel Ollé, abogado defensor de la acusación particular, se mostró tranquilo ante la decisión del gobierno español, ya que –sostuvo– “el artículo 19 del Tratado de la Ley de Extradición Pasiva dice que con independencia de que se conceda la extradición no se le pueda entregar hasta que sea juzgado en España si tiene un juicio pendiente”.

Esto significa, según la defensa, que en el caso de que el ex militar represor sea extraditado a Argentina en los próximos días, éste deberá comparecer ante los tribunales españoles, donde tiene abierto un sumario con más imputaciones que el que en teoría se le abriría en Argentina.

El historial judicial de Cavallo, alias Sérpico, comenzó en 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en que pretendía huir a Argentina.

Entonces, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos del país, un cargo al que accedió gracias al gobierno del presidente Ernesto Zedillo y que le sirvió durante años para esconder su verdadera identidad.

La apertura en la Audiencia Nacional española de los procesos contra las dictaduras de Argentina y Chile permitieron identificar a los principales responsables de la represión y el exterminio en esos países del Cono Sur de América, por lo que desde esta instancia se giraron las primeras órdenes de detención internacional contra ellos, entre los que se encontraba Ricardo Miguel Cavallo.

Tras su aprehensión, Cavallo permaneció en prisión incondicional sin fianza durante el largo proceso de extradición en México, que culminó en junio de 2003 cuando tanto los tribunales mexicanos como el gobierno del entonces presidente Vicente Fox autorizaron su traslado a España.

Este dictamen significó un hito en la historia de la “justicia universal”, ya que por primera vez una tercera nación –México– autorizaba la entrega de un acusado por crímenes contra la humanidad a otro país –España–, que no estaba relacionado directamente con los delitos que se perseguían debido a que éstos se cometieron en Argentina.

A su llegada a España, Cavallo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, el juez Baltasar Garzón, quien durante los últimos tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral.

Tras las indagatorias, el magistrado español demostró la implicación de Sérpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la desaparición de 16 mujeres que dieron a luz en la Esma y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estas atrocidades, la Fiscalía del Estado español y la acusación popular solicitaron una pena que oscilaba entre los 13 mil 300 y los 17 mil años de cárcel.

La defensa y las víctimas insisten en que ahora más que nunca la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe fijar la fecha de apertura del juicio oral.

(fuente)

febrero 28, 2008

Una lacra menos – Luis "Jeringa" Barrionuevo

EX REPRESOR – Murió “Jeringa” Barrionuevo – 28/02/2008

Luego de una prolongada enfermedad, Luis “Jeringa” Barrionuevo falleció en Mendoza. El ex represor se desempeñó como enfermero en Ushuaia y en 2002 fue electo Legislador provincial. Finalmente no pudo asumir su cargo debido a la fuerte presión social y política.

RÍO GRANDE – “Tenía miedo de que cuando llegara el momento no me iba a animar a empujar a la gente desde el avión, pero me animé. En ese momento me sentía Dios.”

La frase era del diputado provincial electo por Tierra del Fuego Juan “Jeringa” Barrionuevo, y se la dijo al técnico José Luis Díaz, según relató éste ante el fiscal Juan Soria.

La confesión se produjo en una noche de guardia en el hospital Regional de Ushuaia.

En esa charla, Barrionuevo no sólo admitió haber pertenecido al grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), sino que se ufanó de haber participado en los “vuelos de la muerte”, en los que los desaparecidos eran arrojados al río.

Días después la Legislatura fueguina trató el pedido de desafuero que hizo el juez federal Sergio Torres, como paso previo para concretar la detención del represor.

Un asesino entre nosotros

“Está bien, me llaman así por las famosas inyecciones de los ‘vuelos de la muerte’ “. Con este diálogo comenzó el relato de “Jeringa” de su experiencia en la ESMA, donde reportaba al capitán médico Carlos Octavio Capdevilla.

Ambos controlaban a los detenidos en las sesiones de tortura. El propio Barrionuevo confirmó que “como no quería que me usaran como forro, pidió autorización para participar de los ‘vuelos’ para ver qué se sentía”.

Cuando le preguntaron a “Jeringa” qué se sentía al empujar a una persona al vacío, el enfermero comparó la situación con la forma en que se le pierde el miedo a un muerto y le dijo que lo que había que hacer era “tocarlos”.

Admitió que había tenido temor de no poder empujar a sus víctimas, pero que finalmente eso no ocurrió. “En ese momento me sentía Dios porque estaba en mi mano la vida o la muerte de las personas. Con mi mano podía sentir la vibración de los cuerpos por los temblores causados por el miedo”, dijo Barrionuevo.

Basterra fue el primer sobreviviente de la ESMA en identificar a Barrionuevo a fines de 2003. Lo enfrentó públicamente en las calles de Ushuaia -la escena se pudo ver por Puntodoc, un programa de investigaciones popular por aquellas epocas- pocos días después de que resultara electo como diputado provincial por el PJ apadrinado por el ex gobernador Carlos Manfredotti.

La denuncia de Basterra fue respaldada por otros dos ex detenidos desaparecidos de la ESMA, Carlos Lordkipanidse y Carlos García, y por el gobierno nacional.

El jefe de asesores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Luis Alén, viajó como enviado de Eduardo Luis Duhalde con el objetivo de impedir que “Jeringa” asumiera en su cargo de diputado provincial, respaldando el pedido que habían hecho el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la ONG fueguina Participación Ciudadana.

Las denuncias impidieron que el 17 de diciembre de 2003, Barrionuevo ocupara su puesto de diputado. Su asunción quedó suspendida, pero como la Constitución de Tierra del Fuego otorga fueros a los legisladores desde que son electos, sigue contando con inmunidad.

Por ese motivo, Torres se solicitó poco después el desafuero de “Jeringa”. La medida se concretó finalmente unos días después ya que los representantes de diferentes bloques del Parlamento fueguino no apañaron al represor.

Incluso la legisladora Nélida Lanzares, esposa de Manfredotti, aseguró en aquel momento que no pondría trabas para que se efectúe el desafuero.

Histórica sesión

Durante mayo de 2003, en una sesión calificada de “histórica”, la Legislatura de la Provincia aceptó por mayoría las impugnaciones contra el legislador electo del PJ Juan “Jeringa” Barrionuevo, quien de esa manera fue alejado en forma definitiva de la banca a la que accedió en las elecciones generales de junio de 2002 pero que nunca pudo ocupar.

Once parlamentarios -del ARI, el Movimiento 26 de Abril, el Frente de Unidad Provincial, el Movimiento Popular Fueguino y el propio Justicialismo- votaron a favor del dictamen que proponía separar del cargo al ex funcionario manfredottista.

Sólo tres legisladores votaron en contra de esa medida y a favor de prorrogar la suspensión de Jeringa hasta tanto se dictara sentencia definitiva en la causa judicial que tramitó ante el Juzgado Federal 12 de Buenos Aires.

El radical Jorge Bericua y las peronistas Nélida Lanzares y Angélica Guzmán, esposa y cuñada del ex gobernador Carlos Manfredotti respectivamente, estuvieron en contra de la histórica medida.

El alegato más extenso y contundente a favor de la posición mayoritaria fue pronunciado por el legislador de ARI, Manuel Raimbault, quien recorrió paso a paso las consecuencias políticas, económicas y sociales del gobierno militar en la Argentina, detallando los fundamentos jurídicos que habilitaban a la Legislatura a tomar esta determinación y precisó las pruebas que existían para demostrar la participación de “Jeringa” en los grupos de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

febrero 24, 2008

Masacre de Trelew

Filed under: AGOSTO,ARGENTINA,DESAPARECIDOS,DICTADURA,MASACRE,REPRESION,TORTURA,TRELEW — JORGELANZ @ 3:07 am

Detuvieron a otro ex marino por la Masacre de Trelew – 23/02/2008

Se trata del ex capitán de Navío, Horacio Mayorga, capturado en Buenos Aires y será trasladado a Rawson para ser indagado. Su detención se suma a la de otros tres ex marinos involucrados en el fusilamiento de 19 militantes presos en la base naval “Almirante Zar” en 1972.

Otro ex marino fue detenido por su presunta vinculación en la “Masacre de Trelew” en la que fueron fusilados 19 militantes (tres de ellos sobrevivieron) en los calabozos de la Base Almirante Zar. Se trata del ex capitán de Navío (R), Horacio Mayorga hallado ayer en Buenos Aires y deberá ser trasladado a Rawson para declarar ante el juez Hugo Sastre.

Mayorga era jefe de operaciones con base en Puerto Belgrano en 1972 y responsable de las bases navales del sur, entre ellas la “Almirante Zar” de Trelew donde se produjo la masacre el 22 de agosto de ese año.

Los otros detenidos son el ex capitán de navío Rubén Norberto Paccanini y del ex capitán de corbeta Emilio Jorge Del Real. Paccanini era jefe de la Base Almirante Zar en el momento de los hechos y Del Real está sospechado de haber disparado contra los 19 militantes de organizaciones armadas que estaban detenidos en la Base Aeronaval.

Ahora la policía está tras los pasos de otros tres ex marinos: Luis Emilio Sosa, Roberto Guillermo Bravo y otro de apellido Morandino. Este último se encuentra en Estados Unidos y según la justicia tendría pasaje para regresar el martes.

La investigación por las 19 muertes se reinició en 2006 por pedido de familiares de algunas de las víctimas. A principio de febrero, el juez federal Hugo Sastre emitió la orden de detención de seis ex marinos que estuvieron en el lugar del hecho. Uno de ellos ya murió y era un oficial de apellido Herrera.

El 22 de agosto de 1972, 19 militantes de organizaciones armadas fueron acribillados en los calabozos de la Base Almirante Zar. Sólo tres sobrevivieron. Una semana antes habían intentado escapar de la Unidad Seis de Rawson pero fueron detenidos en el Aeropuerto de Trelew. Murieron una semana después. El hecho se conoció como la “Masacre de Trelew”.

(fuente)

febrero 19, 2008

Detención para Albano Harguindeguy

Otro represor con pedido de detención – 19/02/2008

Un juez ordena detener a un ex ministro de la dictadura argentina

Albano Harguindeguy está imputado en una causa por el secuestro de dos empresarios

Buenos Aires. (EFE).- Un juez argentino ha ordenado la detención del ex ministro del Interior de la última dictadura argentina Albano Harguindeguy en el marco de una causa por el secuestro con fines de extorsión de dos empresarios durante el régimen militar (1976-1983).


La medida fue adoptada por el magistrado Norberto Oyarbide, quien sustituye a su colega María Servini de Cubría en la investigación sobre el secuestro de Federico Gutheim y su hijo, Miguel Gutheim, propietarios de una empresa textil.

Ambos permanecieron secuestrados entre noviembre de 1976 y abril de 1977 y en la causa judicial también están implicados el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y quien fuera su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Harguindeguy ya había estado detenido por este caso, pero en 1989 fue liberado a raíz de un indulto dictado por el entonces presidente del país, Carlos Menem, que benefició a jerarcas de la dictadura y líderes de grupos guerrilleros.

En 2006, el juez Oyarbide dictó la nulidad de los indultos a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, mientras que en julio pasado la Corte Suprema de Justicia los tachó de inconstitucionales.

Harguindeguy también integra la lista de 57 argentinos incluidos entre los 140 responsables de dictaduras militares latinoamericanas cuya captura solicita la Justicia italiana por la llamada Operación Cóndor.

Además, el ex ministro del Interior tiene otras causas judiciales abiertas por delitos de represión en las que fue beneficiado con la excarcelación y la semana pasada se le vio descansando en un exclusivo balneario de la costa del Atlántico.

(fuente)

Fábrica militar de Río Tercero

Filed under: ARGENTINA,ARMAS,CORDOBA,CORRUPCION,CROACIA,REPRESION,RIO TERCERO,VOLADURA — JORGELANZ @ 12:54 pm

El caso de la explosión en Río Tercero, sin culpables – 19/02/2008

Un juez cordobés sobreseyó a los seis acusados de la voladura de la fábrica militar, aunque todo apunta a que fue un atentado para disimular un faltante de armas exportadas ilegalmente a Croacia.

La fábrica militar de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995 y causó siete muertes.

Pruebas, pericias, testimonios, indicios. Todo apunta a que la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida hace once años, fue un acto intencional para disimular un faltante de proyectiles y cañones del Ejército que habían sido ilegalmente exportados a Croacia.

Sin embargo, el conjuez de Río Cuarto Diego Estévez decidió sobreseer a los seis militares que estaban acusados de la voladura. El fallo invalida los estudios y declaraciones que resultaron clave en la investigación y vuelve a la teoría de que fue un accidente. El fiscal Carlos Stornelli y la querellante Ana Gritti, viuda de una de las víctimas, apelarán la medida.

La planta de carga de la fábrica de Río Tercero explotó el 3 de noviembre de 1995. Allí murieron siete personas, más de 300 sufrieron heridas y quedó destruida parte de la ciudad. El primer juez local que tuvo la causa, Luis Martínez, la caratuló como “estrago culposo”: consideró que no fue un episodio planificado sino producto de fallas en la seguridad. Pero en el juicio oral, el Tribunal Federal Nº 2 de Córdoba advirtió que había elementos fuertes que obligaban a profundizar la hipótesis de que hubo un atentado para ocultar la falta de armamento. La nueva pesquisa quedó en manos de Estévez, un abogado nombrado juez subrogante.

El sobreseimiento dictado por Estévez beneficia a seis ex directivos de Fabricaciones Militares y de la fábrica de Río Tercero: Jorge Cornejo Torino, Carlos Franke, Marcelo Diego Gatto, Oscar Quiroga, Edberto González de la Vega y Juan Carlos Villanueva. El fiscal federal Stornelli había pedido el procesamiento de los cuatro primeros por “estrago doloso” después de indagarlos en mayo. Los consideró partícipes necesarios de la voladura que, está convencido, fue provocada para borrar los rastros de la venta ilegal de armamento. De la fábrica militar, según la investigación, no sólo salieron armas para el contrabando, sino que allí les borraban los números de serie y toda identificación del Ejército.

La causa sobre el contrabando propiamente dicho está en manos del juez subrogante en el fuero Penal Económico Rafael Caputo y hay catorce procesados camino a juicio oral –todavía sin fecha–, entre ellos Franke, Cornejo Torino, González de la Vega, el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y el ex cuñado de Carlos Menem Emir Yoma.

El fallo de Estévez, que deja el caso sin culpables, cuestiona la validez de la pericia química que se hizo en 2003, durante la etapa de juicio oral, que reveló que la explosión no fue accidental. En aquel análisis habían participado la Universidad Nacional de Córdoba, la Católica y la Tecnológica. Para el juez, ese informe consistió en “simples opiniones de imposible verificación”. La resolución también cuestiona la pericia contable de 1997, que determinó que faltaban más de veinte mil proyectiles.

“Es un fallo hecho al revés”, se quejó Ana Gritti. “El juez ha justificado lo injustificable: que se haya alterado el lugar del hecho borrando pruebas”, señaló. Su abogado, Horacio Viqueira añadió: “Estoy indignado, esta decisión intenta poner fin a la investigación judicial al desvirtuar dictámenes periciales y testimonios fundamentales”.

El fallo de Estévez desacredita testimonios que fueron valiosos para la fiscalía. Uno es el de Jacqueline Fernández de Pino, una vecina de la fábrica que en las noches previas a la explosión escuchó movimientos para nada usuales de camiones y descargas de tambores en horas de la noche. También descalificó el relato de Sergio Montgaillard, dueño de un camión de combustible de YPF, que estacionaba todas las noches sin problema a metros de los depósitos que estallaron. Un día antes de la explosión un suboficial por primera vez le dijo que lo sacara de ahí. La orden, dice el expediente, la había dado Quiroga, que era subdirector de la fábrica.

El magistrado descarta un atentado y concluye que el “fuego inicial”, “el incendio posterior y las explosiones que siguieron” fueron resultado de “la grave imprudencia y negligencia profesional de quienes tenían a su cargo el control de proceso industrial de la fábrica”. Stornelli y la querella ya preparan sus apelaciones.

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