NO A LA PAPELERA

abril 11, 2008

El suicidio de Uruguay

Uruguay – un país en intento de suicidio – 10/04/2008

Tal como están las cosas en Uruguay, bajo el dominio de la voluntad de Tabaré, en un Frente Amplio que se resquebrajó y desbarrancas, no solo ya son un país celulósico sino que se está convirtiendo en un país al márgen de la ley.

Violaciones reiteradas de tratados recíprocos sobre el Río Uruguay y violación del acuerdo jurídico, agravan más las relaciones con Argentina.

Es lamentable que, siendo Argentina la que acoge a los ciudadanos que Uruguay no puede retener, tal como lo reconociera este Tabaré en la Cumbre, sea quien desprecie las ventajas de comerciar y respaldarse en Argentina.

Es sabido que los uruguayos son respetuosos como nosotros, pero demoran más en darse cuenta y reaccionar. Así sucede con los juicios a su dictadura, los cuales no avanzan.

Cuando despierten va a ser tarde, porque, aunque se desprendan de las pasteras, los costos económicos en los que los embarcó Tabaré, serán monstruosos.

Ya docenas de pobladores rurales debieron abandonar sus tierras porque se secaron las napas por culpa de los montes de Eucaliptus.

Esta es la última “gracia” que nos deparó el gobierno de Tabaré:

Gobierno uruguayo no cursó exhorto argentino a Botnia

El exhorto enviado por el juez argentino Guillermo Quadrini a los directivos de Botnia por el delito de “tentativa de contaminación” que el magistrado enviara en diciembre pasado, aún no fue entregado. El gobierno uruguayo no le dio curso por disposiciones del Poder Ejecutivo. Quadrini volvió a reiterar en las últimas horas un nuevo exhorto pidiendo que se cite a los responsables de la empresa finlandesa.

El exhorto que enviara el juez Argentino Guillermo Quadrini, que tiene en sus manos el caso caratulado como “tentativa de contaminación” contra los directivos de Botnia: Carlos Faroppa, Ronald Bear y Erkki Varis, aún no llegó a manos de la empresa, motivo por el cual no se presentaron los directivos de la firma el 25 de marzo.

Según pudo saber Índice 810, el exhorto de Quadrini fue enviado el 20 de diciembre de 2007 a la Cancillería argentina, donde cumplió con celeridad el trámite. El 27 de diciembre estaba en mesa de entrada y se envió el 15 de enero de este año a nuestro país.

Índice 810 constató que la Cancillería argentina tiene constancia de que el exhorto fue recibido el 24 de enero por la autoridad central de aplicación, dado que rige el acuerdo bilateral de cooperación judicial.

El Ministerio de Educación y Cultura es la autoridad central de
cooperación jurídica y la repartición en la que el exhorto fue recibido es la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales a cargo de la doctora Cecilia Blanco.

Fuentes de ese ministerio confiaron a Índice 810 este jueves que existe una resolución interna del Poder Ejecutivo que señala que todo lo relacionado con exhortos que tengan que ver con la empresa Botnia y por ende con el juicio que existe en la Corte Internacional de La Haya será diligenciado primero a Cancillería uruguaya y luego a Presidencia de la República.

Índice 810 no pudo confirmar si el exhorto está en el Edificio Libertad o en el Palacio Santos, pero sí pudo corroborar que aún no regresó al Ministerio de Educación y Cultura, concretamente a la Dirección de Asuntos Constitucionales, Legales y Registrales, quien recién cursará la citación una vez que obtenga la respuesta política del caso.

Mientras este trámite da vueltas en las esferas del Poder Ejecutivo, el plazo para la citación venció el 25 de marzo y las autoridades no concurrieron porque obviamente no estaban notificadas.

Es decir que el gobierno uruguayo no trasladó aún la citación, lo cual coincide con la visión de la empresa, que señaló en varias oportunidades a Índice 810 que no había recibido comunicación alguna.

Ahora, el juez Quadrini envió un nuevo exhorto a la Cancillería argentina para que ésta lo vuelva a enviar a Uruguay con una nueva citación para los directivos de Botnia.

(fuente)

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marzo 18, 2008

Crímenes de la Triple A

Filed under: ARGENTINA,CRIMEN,ISABEL PERON,JUSTICIA,LOPEZ REGA,TRIPLE A,VERDAD — JORGELANZ @ 12:13 pm

Los crímenes de la Triple A son imprescriptibles – 18/03/2008

Lo decidió la Cámara Federal porteña. El fallo compromete a Isabelita y al ex policía Almirón. “Estos delitos deben ser investigados más allá del transcurso del tiempo”.

Buenos Aires. La Cámara Federal porteña confirmó ayer que son delitos de lesa humanidad y no prescriben los crímenes cometidos en la década de los 70 por la organización de ultraderecha “Triple A” (Alianza Anticomunista Argentina), que se encargó de perseguir y exterminar, con aval estatal, a personalidades y políticos durante el gobierno de María Estela “Isabel” Martínez de Perón.

Así se expidió la Sala I de la Cámara, al confirmar el procesamiento con prisión preventiva del ex suboficial de la Policía Federal Miguel Angel Rovira, acusado de haber integrado una asociación ilícita y de participar en homicidios cometidos por la organización entre 1973 y 1975.

En esta causa son cuatro los imputados, ya que otro acusado, Juan Ramón Morales, falleció meses atrás. Además de Rovira, en la causa -que instruye el juez federal Norberto Oyarbide- está como sospechoso y prófugo Felipe Romeo, ex director de la revista ultranacionalista “El Caudillo”, y también son imputados el ex policía Rodolfo Almirón, quien llegará mañana extraditado desde España, y la ex presidenta Martínez de Perón, con arresto preventivo en su casa de ese país y sobre cuyo traslado la Justicia ibérica aún no se expidió.

Entre los hechos que se le imputan a Rovira y al resto de los acusados se encuentran, entre otros, los homicidios del ex diputado Rodolfo Ortega Peña, del ex subjefe de la Policía bonaerense Julio Troxler y del hijo de tan sólo seis meses de edad de Raúl Laguzzi, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El voto decisivo para este fallo perteneció al presidente de la Sala II de la Cámara, Horacio Cattani, quien debió desempatar entre sus pares de la Sala I, Eduardo Freiler y Eduardo Farah, quienes habían votado por el sí y el no, respectivamente.

Según consideró Cattani, “los crímenes de la Triple A se caracterizaron particularmente por el alto grado de despliegue, ostentación y publicidad: atentados con bombas, homicidios y ejecuciones en la vía pública, cuerpos que aparecían acribillados y que públicamente se adjudicaba la organización a través de comunicados”.

“La sociedad entera era enfrentada a diario a través de las noticias con los crímenes de la Triple A y su situación era conocida en el Congreso, en los medios de difusión y prensa, y por supuesto también en el Poder Ejecutivo”, reflexionó el juez, quien criticó en este sentido la falta de acción y de investigación por parte del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad y el propio Congreso.

Por su parte, Freiler sostuvo que “se han recolectado múltiples testimonios según los cuales quienes se aventuraban a denunciar e investigar a la organización recibían silencio de parte del Estado y balas desde la organización. En el mejor de los casos lograban el exilio”.

Para la Cámara está probado que la “Alianza Anticomunista Argentina” actuó desde el Ministerio de Bienestar Social que comandaba José López Rega, quien era a su vez la mano derecha de “Isabel” Perón.

Ese ministro -quien fue conocido como ‘El Brujo’, a quien se le atribuían supuestas facultades esotéricas- “tenía un poder impresionante” puesto que desde su posición “notoriamente privilegiada” logró garantizarse a sí mismo y a su organización “una impunidad total”.

Sobre su rol concreto en la Triple A, para los jueces López Rega fue el “supervisor político” mientras que Morales y Almirón actuaron como los “responsables militares”.

Acerca de la calificación de delito de lesa humanidad, Freiler y Cattani coincidieron en que “el alcance de las políticas planificadas, su entidad y naturaleza convierten las conductas lesivas investigado en delitos de lesa humanidad”, lo que deriva en que la causa es imprescriptible. “La criminalidad cometida desde el Estado” provoca que “aquellos que deben ser defendidos resultan perseguidos y quienes deben ser perseguidos resultan protegidos”, estimaron, al tiempo que concluyeron que este tipo de conductas por lo tanto “deben ser investigadas más allá del transcurso del tiempo”.

El único que votó en disidencia fue Farah, quien consideró que no se trataba de delitos de lesa humanidad, por lo que a su criterio debía archivarse la investigación.

Esta causa judicial se inició hace 32 años a partir de una denuncia del abogado Miguel Radrizani Goñi y en 1989 se cerró luego del fallecimiento de López Rega. Pero el 2 de febrero de 2007 fue reabierta por la Justicia argentina, que se anotició de la presencia de Almirón en España.

Se espera para hoy el arribo de Almirón, extraditado desde España, mientras que “Isabelita” permanece cautiva en su casa de Madrid.

(fuente)

marzo 9, 2008

La Justicia colaboradora del Proceso

Juzgan a una ex jueza por colaborar con represores – 09/03/2008

La Cámara confirmó el procesamiento de Emilia Marta García en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la ESMA.

El fallo que dejó a la ex magistrada al borde del juicio oral al que tuvo acceso Infobae.com fue dictado por la Sala II de la Cámara al confirmar el procesamiento dictado por el juez Sergio Torres por los delitos de extorsión y asociación ilícita y que además incluyó un embargo de 700.000 pesos.

Se trata de una investigación desprendida de la “megacausa” de la ESMA que fue reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en la que también fue acusado el ex almirante Emilio Eduardo Massera.

La causa se inició a partir del caso de la sustracción de los bienes por parte de los captores de Conrado Gómez, cuyo secuestro y posterior desaparición ocurrió el 10 de enero de 1977, y luego se extendió a otros casos.

Entre los bienes que le sustrajeron estaban la escritura de un campo ubicado en San Juan, papeles relativos a una sociedad, Cerro Largo, propietaria de tierras situadas en la localidad de Chacras de Coria en Mendoza, caballos de carrera, entre otros.

García fue procesada por haber colaborado con el ex represor en la “estructura financiera” de los militares acusados que desapoderaban de sus bienes a los detenidos mediante maniobras defraudatorias.

Según el expediente, García se desempeñaba en una escribanía que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas “transferían” sus bienes a sociedades que integraban familiares de los ex marinos, entre ellos el hijo de Massera.

García fue en la década del 70 síndica de la empresa “Will-Ri” que conformaban, entre otros, los represores Jorge “el Tigre” Acosta, Jorge Radice y Francis William Wahmond, todos imputados en la megacausa de la ESMA.

La Cámara descartó los argumentos de la defensa de la ex jueza que al
declarar se justificó al decir que actuó “coaccionada” por temor a eventuales represalias sobre una hermana que estaba desaparecida.

García manifestó en su descargo que “vivía en estado de terror permanente” y que “sólo firmaba lo que le pedían”, pero sus dichos no lograron convencer ni al juez Torres ni a la Cámara Federal de su inocencia.

Pero la Cámara en el fallo sostuvo que “Emilia Marta García sabía que integraba la organización que se dedicó a obligar que les fuera transferida, a su favor, la titularidad de distintos bienes pertenecientes a víctimas que en el momento de los hechos se hallaban privadas ilegalmente de su libertad y que, no obstante ello, tuvo la intención de procurar este cometido”.

Finalmente, la Cámara sugirió la realización del juicio oral y público donde deberán debatise algunas cuestiones que restan profundizar.

febrero 19, 2008

Detención para Albano Harguindeguy

Otro represor con pedido de detención – 19/02/2008

Un juez ordena detener a un ex ministro de la dictadura argentina

Albano Harguindeguy está imputado en una causa por el secuestro de dos empresarios

Buenos Aires. (EFE).- Un juez argentino ha ordenado la detención del ex ministro del Interior de la última dictadura argentina Albano Harguindeguy en el marco de una causa por el secuestro con fines de extorsión de dos empresarios durante el régimen militar (1976-1983).


La medida fue adoptada por el magistrado Norberto Oyarbide, quien sustituye a su colega María Servini de Cubría en la investigación sobre el secuestro de Federico Gutheim y su hijo, Miguel Gutheim, propietarios de una empresa textil.

Ambos permanecieron secuestrados entre noviembre de 1976 y abril de 1977 y en la causa judicial también están implicados el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y quien fuera su ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz.

Harguindeguy ya había estado detenido por este caso, pero en 1989 fue liberado a raíz de un indulto dictado por el entonces presidente del país, Carlos Menem, que benefició a jerarcas de la dictadura y líderes de grupos guerrilleros.

En 2006, el juez Oyarbide dictó la nulidad de los indultos a Videla, Martínez de Hoz y Harguindeguy, mientras que en julio pasado la Corte Suprema de Justicia los tachó de inconstitucionales.

Harguindeguy también integra la lista de 57 argentinos incluidos entre los 140 responsables de dictaduras militares latinoamericanas cuya captura solicita la Justicia italiana por la llamada Operación Cóndor.

Además, el ex ministro del Interior tiene otras causas judiciales abiertas por delitos de represión en las que fue beneficiado con la excarcelación y la semana pasada se le vio descansando en un exclusivo balneario de la costa del Atlántico.

(fuente)

Masacre de Trelew

La rendición del otro imputado en la masacre – 19/02/2008

Uno de los principales acusados por la matanza de Trelew, el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, anunció que hoy se entregará a la Justicia, tras llegar desde Estados Unidos.

“Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino.”

Rodeado, el ex cabo primero de la Armada Carlos Amadeo Marandino decidió informar su paradero el sábado último ante el consulado argentino en Atlanta, Estados Unidos.

Uno de los principales imputados por la Masacre de Trelew que seguía prófugo anunciaba así –por consejo de su abogado– que tenía previsto volver al país el 17 de marzo pero que, complicado por la celeridad con que actuó la Justicia en este caso, adelantaría el pasaje para hoy.

En efecto, a las 9.45, cuando su avión aterrice en Ezeiza lo detendrá la policía aeronáutica y lo trasladará al aeroparque, desde donde partirá a Chubut para dar cuenta de los hechos sucedidos el 22 de agosto de 1972, cuando fueron asesinados 16 militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Montoneros y el ERP.

La noticia fue dada a conocer en el mediodía de ayer por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien brindó una conferencia de prensa en la gobernación de Chubut junto al mandatario Mario Das Neves, luego de una entrevista con el juez que entiende en la causa, Hugo Sastre. “Tengo para anunciar que se encuentra camino a nuestro país el ex cabo Carlos Amadeo Marandino, que se presentó ante las oficinas de la embajada Argentina en los Estados Unidos (en rigor, fue el consulado de Atlanta), haciendo saber que en el día de hoy viajaba a Buenos Aires para constituirse como detenido en el juzgado federal”, reveló el funcionario.

El dato ya se manejaba en el juzgado desde el sábado, cuando Cancillería informó vía fax del hecho acaecido en EE.UU. A partir de ese momento, el juez procuró la mayor de las reservas con la información, ante el temor de que Marandino cambiara de postura.

Sin embargo, fuentes del juzgado consultadas por Página/12 confiaron en que nada fuera de lo esperable ocurrirá: “No creemos que se complique porque, entre otras cosas, ya nos dijo donde está”.

Por lo pronto, habrá que esperar a que Marandino realice el check in de su vuelo 101 de la empresa Delta, que sale de Atlanta y que llegará al país a las 9.45. Una vez que las autoridades confirmen que el represor efectivamente está volando, cosa que estimaban ocurriría a medianoche, se librará la orden de detención para el acusado de 16 homicidios calificados y tres homicidios calificados en grado de tentativa.

Marandino será así el cuarto detenido en esta causa en la que, uno a uno, fueron cayendo desde el viernes 8 el capitán de navío Rubén Norberto Paccagnini, el capitán de fragata Emilio Jorge Del Real y al capitán de fragata Luis Emilio Sosa.

Del único del que se desconocía aún el paradero es el ex teniente de navío, Roberto Guillermo Bravo, al que Página/12 detectó en EE.UU. (ver aparte).

El propio Duhalde sugirió que esa podría ser su localización, dado que el país norteamericano tiene una “fuerte vinculación” con los militares imputados. “En la causa surge con claridad que él (Bravo) hizo cursos durante el tiempo que estuvo allí dentro de los cuarteles americanos. Además, Bravo, el mismo Sosa y Marandino tienen propiedades familiares en Estados Unidos”, agregó.

El secretario de Derechos Humanos añadió que “Bravo hizo cursos en ese país de paracaidismo, de reconocimiento anfibio, todas preparaciones que concluyen recién en el año ’81, lo que hace pensar que fue preparado para actividades tal vez en Centroamérica. Por todo esto, es de esperar que sea hallado en poco tiempo”, dijo.

A su vez, el funcionario, que también es querellante en la causa, se encargó de refutar la teoría expuesta reiteradamente por los marinos, según la cual la masacre fue producto de un intento de fuga: “Esta no fue una locura de una guardia borracha, sino que fue una medida dispuesta por el gobierno militar en forma institucional, de escarmiento, por lo que Sosa y el ex jefe de la base son autores inmediatos de los hechos”.

Incluso, Duhalde se opuso a que sea otorgada la prisión domiciliaria y solicitó “que la cadena de mandos (entre el entonces presidente Alejandro Agustín Lanusse y los jefes de la base) si es que estuvieran vivos, también sean convocados”.

Ex capitán Luis Emilio Sosa

enero 10, 2008

Coimas para lograr una ley más beneficiosa

Filed under: ARGENTINA,CORRUPCION,EXIMICION,JUSTICIA,PRISION,RECALDE,TICKETS — JORGELANZ @ 11:40 am

Tickets: procesan a ejecutivos que ofrecieron coimas – 10/01/2008

Dos empresarios de la cámara de tickets alimentarios fueron procesados por ofrecer presuntamente un soborno de hasta 20 millones de dólares al diputado kirchnerista Héctor Recalde a cambio de que lograra la sanción de una ley beneficiosa para el sector. Los ejecutivos de dos importantes empresas de este ramo, además, empezarán a ser investigados por su relación con este episodio.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó a Santiago Lynch (desplazado de su cargo de director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios) y al intermediario Miguel Gutiérrez Guido Spano. Los nuevos imputados son los directivos de Sodexho Pass y de Accor SA.

A ninguno se le dictó la prisión preventiva. A los dos procesados sí se les trabó un embargo: 100 mil pesos sobre los bienes de cada uno.

El pedido de coimas se conoció el 20 de noviembre último, a partir de una denuncia de Recalde, autor de un proyecto de ley para la incorporación progresiva de los tickets al sueldo. El ofrecimiento de los empresarios fue grabado con una cámara oculta.

Esa filmación es la principal prueba invocada por el juez Aráoz de Lamadrid en su resolución. Se trata de conversaciones entre Mariano Recalde, asesor de su padre -Héctor- en el Congreso, y Guido Spano y Lynch. La oferta de coima abarcaba un pago mensual de 20 mil dólares para Recalde en caso de que aceptara “cajonear” el proyecto, que finalmente fue aprobado a los diez días de la denuncia.

El juez consignó en su resolución que la denuncia de Recalde fue totalmente coincidente con lo que grabó la cámara. “Se observa claramente -afirma Aráoz de Lamadrid- cómo los imputados plantean” propuestas concretas para “intentar que se cajonee el proyecto de ley”. El propio juez enumera esas “propuestas”: el dinero mensual para Recalde, “una suma superior en caso de que el diputado accediera a cambiar el proyecto, manteniendo el carácter no remunerativo de los tickets y, además, haciéndolos inembargables” y, por último, una suma de 20 millones de dólares para que Recalde hiciera directamente un proyecto a la medida de la Cámara.

Aráoz de Lamadrid -juez subrogante que aspira a conservar el cargo a pesar de sus malas calificaciones en los concursos- hizo un análisis de los llamados realizados en esos días por todos los protagonistas de esa causa. Unas 70 veces se habrían comunicado los procesados con Mariano Recalde; la mayoría son llamados de ellos hacia él.

El delito por el que los empresarios resultaron procesados es el de cohecho. El Código Penal establece para esta conducta una pena que va del año a los seis de prisión.

Un día después de que Recalde presentara su denuncia, Lynch y Gutiérrez Guido Spano consiguieron una eximición de prisión que -en principio- les garantiza que no irán presos mientras dure el proceso en su contra.

Coimas para lograr una ley más beneficiosa

Filed under: CORRUPCION,EXIMICION,JUSTICIA,PRISION,RECALDE,TICKETS — JORGELANZ @ 11:10 am

Tickets: procesan a ejecutivos que ofrecieron coimas – 10/01/2008

Dos empresarios de la cámara de tickets alimentarios fueron procesados por ofrecer presuntamente un soborno de hasta 20 millones de dólares al diputado kirchnerista Héctor Recalde a cambio de que lograra la sanción de una ley beneficiosa para el sector. Los ejecutivos de dos importantes empresas de este ramo, además, empezarán a ser investigados por su relación con este episodio.

El juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid procesó a Santiago Lynch (desplazado de su cargo de director de la Cámara de Empresas de Servicios de Vales Alimentarios) y al intermediario Miguel Gutiérrez Guido Spano. Los nuevos imputados son los directivos de Sodexho Pass y de Accor SA.

A ninguno se le dictó la prisión preventiva. A los dos procesados sí se les trabó un embargo: 100 mil pesos sobre los bienes de cada uno.

El pedido de coimas se conoció el 20 de noviembre último, a partir de una denuncia de Recalde, autor de un proyecto de ley para la incorporación progresiva de los tickets al sueldo. El ofrecimiento de los empresarios fue grabado con una cámara oculta.

Esa filmación es la principal prueba invocada por el juez Aráoz de Lamadrid en su resolución. Se trata de conversaciones entre Mariano Recalde, asesor de su padre -Héctor- en el Congreso, y Guido Spano y Lynch. La oferta de coima abarcaba un pago mensual de 20 mil dólares para Recalde en caso de que aceptara “cajonear” el proyecto, que finalmente fue aprobado a los diez días de la denuncia.

El juez consignó en su resolución que la denuncia de Recalde fue totalmente coincidente con lo que grabó la cámara. “Se observa claramente -afirma Aráoz de Lamadrid- cómo los imputados plantean” propuestas concretas para “intentar que se cajonee el proyecto de ley”. El propio juez enumera esas “propuestas”: el dinero mensual para Recalde, “una suma superior en caso de que el diputado accediera a cambiar el proyecto, manteniendo el carácter no remunerativo de los tickets y, además, haciéndolos inembargables” y, por último, una suma de 20 millones de dólares para que Recalde hiciera directamente un proyecto a la medida de la Cámara.

Aráoz de Lamadrid -juez subrogante que aspira a conservar el cargo a pesar de sus malas calificaciones en los concursos- hizo un análisis de los llamados realizados en esos días por todos los protagonistas de esa causa. Unas 70 veces se habrían comunicado los procesados con Mariano Recalde; la mayoría son llamados de ellos hacia él.

El delito por el que los empresarios resultaron procesados es el de cohecho. El Código Penal establece para esta conducta una pena que va del año a los seis de prisión.

Un día después de que Recalde presentara su denuncia, Lynch y Gutiérrez Guido Spano consiguieron una eximición de prisión que -en principio- les garantiza que no irán presos mientras dure el proceso en su contra.

diciembre 16, 2007

Maltrato infantil, prevención y derechos

MALTRATO INFANTIL Y LA LEY ARGENTINA – 16/12/2007

Leyendo informaciones que en Uruguay recién ahora se aprobó el proyecto de ley sobre maltrato infantil, y viendo que algunos uruguayos decían tener una “Justicia de avanzada”, es que decidí buscar información sobre este tema.

Recién ahora, en 2007, en buena hora, Uruguay se preocupa por intentar hacer una ley ya que recién aprobaron el proyecto.

Podemos sugerirles que lean nuestra legislación vigente, la cual, como en este caso, se incorporó nada más ni nada menos que a nuestra Constitución Nacional !!

Damos por ende la bienvenida a Uruguay por este intento, el cual esperamos que llegue pronto y a buen término!


Qué es el maltrato infantil

El maltrato a los niños y niñas es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. El maltrato vulnera derechos fundamentales de los niños y niñas y por lo tanto, debe ser detenido… cuanto antes, mejor. En este sentido, la escuela y los docentes pueden y deben cumplir un papel importante.

Cuales son las formas de maltrato a niños? Pueden distinguirse varias formas de maltrato, que los adultos ejercen sobre los niños:

* la Negligencia que se expresa en desprotección, descuido y/o abandono;

* el Maltrato Físico que es toda forma de castigo corporal e incluye también, el encierro o la privación intencional de cuidados o alimentos;

* el Abuso Sexual, consiste en obligar o persuadir a un niño/a para que participe en actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un consentimiento informado;

* el Maltrato Emocional, que acompaña a todas las otras, pero que puede ejercerse independientemente de las demás por ejemplo, mediante amenazas aterrorizantes, descalificaciones, desvalorizaciones y/o ausencias de expresiones cariñosas.

Todas las formas de maltrato que hemos descripto producen en los niños/as daños variables en función de diversos factores, especialmente la intensidad con que se ejercen y su persistencia en el tiempo; pero siempre significan un atentado contra su vida y su salud que afecta su desarrollo integral y deja secuelas en su futuro personal.

Cómo detener el maltrato infantil

Realizando actividades de prevención primaria con los niños y sus familias.

Identificando los casos de maltrato.

Realizando intervenciones preliminares en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de docentes sensibles y capacitados para abordar el tema.

Derivando y/o denunciando los casos de maltrato a los organismos pertinentes.

Antes de que ocurra… La prevención primaria

Entendemos por prevención primaria al conjunto de acciones dirigidas a disminuir o eliminar los factores de riesgo que afectan a las familias y predisponen la existencia del maltrato a los niños y niñas.

Esta tarea no es en modo alguno privativa de la escuela y los docentes. Por el contrario, debe ser emprendida interdisciplinaria e interinstitucionalmente, en el marco de un conjunto de políticas públicas, dirigidas a eliminar o reducir las circunstancias ambientales y sociales que favorecen la existencia del maltrato. Pero dado que los factores culturales son fundamentales en la constitución del problema, la escuela puede cumplir una importante función en la promoción y transmisión de nuevos valores y actitudes, dirigidos a contrarrestarlo.

Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela pueda desarrollar con los niños y sus familias:

Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las necesidades evolutivas de los niños.

Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de control y resolución de conflictos en la educación infantil.

Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las familias y la comunidad acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia.

Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y los modelos estereotipados sobre la crianza de los hijos.

Estimular por todos los medios, la confianza y autoestima de los niños y niñas.

Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los niños y adolescentes.

Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no violentas de resolución de los conflictos. Las asambleas, los consejos de aula y todo medio que estimule la participación democrática en la vida escolar, puede ser un buen recurso.

Y si ya ocurrió, cuándo intervenir?

Siempre que un docente sospeche que un niño está siendo objeto de maltrato por parte de adultos aun cuando fueren los responsables de su crianza, no debe dudar en intervenir de alguna forma para impedir que la situación continúe. Para ello debe tener presente que:

Las únicas normas de cuidado y de educación adecuadas para los niños, son aquellas que consideran su bienestar en primer término. Si un niño crece y se desarrolla sano y está normalmente contento, aunque las pautas culturales de crianza de su familia difieran de las nuestras, no hay razón para creer que son inaceptables.

Los niños son personas con derechos propios y los padres no pueden hacer lo que quieren con sus hijos e hijas, porque no son de su propiedad.

El abandono, el castigo físico y el abuso sexual a los niños son delitos penados por la ley.

La escuela como institución tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos infantiles protegiendo -en la medida de sus posibilidades- la vida y la salud de sus alumnos.

Prioritariamente debe ser tenido en cuenta el interés del niño que está siendo objeto de maltrato y sólo en segundo lugar el de su familia. Aunque es útil recordar que un buen abordaje del problema puede ayudar a todos los miembros del grupo familiar, incluso a los maltratadores.

Cuanto más tiempo se prolongue una situación de maltrato o abuso, más graves son sus consecuencias y por ello es imprescindible actuar con seguridad, en cuanto se la identifica.

Identificación del niño maltratado

El maltrato y el abuso no siempre presentan huellas físicas fácilmente visibles, pero siempre dejan su marca en la conducta. La observación sensible, la actitud receptiva y la escucha atenta, son los mejores recursos para identificar al niño o niña maltratado.

Los maestros requieren de especial sensibilidad para detectar si un niño es objeto de maltrato, porque frecuentemente éste por vergüenza o para proteger a otros miembros de la familia, encubren la situación. Deben tener presente que para quien está creciendo en un ambiente violento, la violencia no es cuestionada e incluso, puede parecer el único modo de expresar los afectos.

Un padre o una madre agresivos y/o abusadores, significan un peligro real para la salud y la vida del niño, pero generalmente son su principal o único referente afectivo y además, la violencia de los padres produce un sentimiento contradictorio de afecto, rechazo y dependencia emocional en el niño.

A veces, el niño o niña denuncia explícitamente el maltrato que sufre. La actitud receptiva de los docentes puede animar a estos niños a confiarse. En estos casos es indispensable disponer una escucha atenta y sobre todo:

Creer en la palabra del niño o niña

No culpabilizarlo en ningún caso

Investigar la verdad.

Consultar con otros profesionales.

Recurrir a las autoridades correspondientes.

Indicadores físicos

La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo Salvando las variaciones individuales normales, un niño que crece poco está enviando una señal de alerta. Si bien es necesario considerar entre las causas del problema los factores socioeconómicos que afecten a la familia, es imprescindible indagar el caso antes de descartar la posibilidad de maltrato o negligencia. El escaso crecimiento es -a veces- el único indicio físico que presenta un niño maltratado emocionalmente.

La persistente falta de higiene y cuidado corporal

Con las salvedades anteriormente consideradas, puede ser un indicador de negligencia y acompañar otras formas de maltrato, sobre todo en los niños pequeños que no pueden valerse por sí mismos.

Las marcas de castigos corporales

Con frecuencia se advierten a simple vista e incluso, delatan la forma en que fueron provocados. Los dedos sobreimpresos en la mejillas, los hematomas en los ojos, las marcas de golpes con cintos u objetos duros o cortantes, las quemaduras provocadas por cigarrillos o planchas, los moretones y/o escoriaciones en muñecas y tobillos, son signos bastante evidentes de maltrato físico, pero en otros casos, pueden confundirse con lesiones accidentales. Se debe tener presente que en sus juegos normales los chicos suelen lastimarse las partes expuestas del cuerpo (frente, rodillas, mentón, cara externa del brazo o de las piernas) pero difícilmente se lastiman las partes no expuestas del mismo (cara interna de brazos y piernas, ojos, cuello). Las lesiones en esas zonas deben mirarse con sospecha.

Los “accidentes” frecuentes.

Los familiares, y a veces también las víctimas, justifican las lesiones producidas por el maltrato hablando de “accidentes”. Cuando éstos se reiteran es importante profundizar la investigación.

El embarazo precoz

El embarazo temprano puede ser indicio de abuso sexual y/o incesto. Debe tenerse presente que el acto sexual de un adulto con una niña de 15 años, constituye delito de estupro y siempre se debe observar con especial cuidado.

Abuso sexual

Las manchas de sangre en la ropa interior de los niños o niñas, los moretones en glúteos, muslos o genitales, la dificultad al caminar, la presencia de enfermedades venéreas, son también indicios de probable abuso sexual.

Los indicadores de conductaEl comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su situación. La mayoría de esos indicios son inespecíficos, porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. Sin embargo, simpre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas.

Las ausencias reiteradas a clase.

El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración
La depresión constante y/o la presencia de conductas autoagresivas o ideas suicidas.
La agresividad y violencia con los compañeros, especialmente con los más chicos.

La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos.
La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente cuando se trata de niños pequeños.

Las actitudes y juegos sexualizados persistentes e inadecuados por la edad.

Derechos y obligaciones de la escuela

Los docentes deben saber que existen leyes que protegen a los niños y niñas del maltrato.

En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país mediante la Ley Nacional 23.849 y recientemente incorporada a nuestra Constitución Nacional, ofrece el marco jurídico general mediante el cual nuestro Estado y nuestra sociedad deben abordar esas situaciones.

En ese sentido, la Convención destaca “el interés superior del niño” como el bien central a proteger al tomar cualquier medida que le concierna y obliga a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de maltrato por parte de los padres, representantes legales o cualquier persona que lo tenga a su cargo (artículos 3 y 19).

En particular el artículo 19 señala que estas medidas deben comprende el establecimiento de programas sociales para asistir al niño y tambiún a quienes cuidan de él, así como para prevenir, identificar, notificar, investigar, remitir a instituciones, tratar y realizar el ulterior seguimiento de los casos.

Entre los principios que alienta la Convención, la preservación de los vínculos familiares en cualquier circunstancias ocupa un lugar central, sin embargo, en los casos de maltrato, el artículo 9, prevé explícitamente la posibilidad de que el niño sea separado de sus padres o los responsables de su cuidado.

Por otra parte, la legislación argentina vigente, ya tipificaba como delitos el maltrato y abuso sexual perpetrados contra los menores de edad, estableciendo penas diversas para el agresor, según el caso y el vínculo existente entre éste y el niño. Dicha legislación, establece también, los derechos y obligaciones de las personas que en cualquier circunstancia, conozcan la existencia de esos delitos.

El ciudadano común tiene el derecho pero no la obligación de denunciar el abuso o maltrato a un menor. En ese sentido, el artículo 155 del Código Procesal Penal, faculta para hacerlo a cualquier persona que presencie, o por cualquier otro medio tenga noticias del maltrato físico o abuso sexual a un menor o incapaz.

Por el contrario, mediante el artículo 164 del Código Procesal Penal, la ley impone a los empleados o funcionarios de la administración pública, el deber de realizar la denuncia.

En esa categoría se halla incluido el personal docente y no docente de las escuelas públicas, así como también los médicos, enfermeras, psicólogos y asistentes sociales que trabajan en instituciones estatales.

El incumplimiento de estas normas, implica incurrir en las responsabilidades que establece el Código Procesal Penal por delito de encubrimiento, cuyo artículo 277, inciso I, fija para tales casos, penas que van de seis meses a tres años de prisión.

La ley 24.717 de Protección contra la Violencia Familiar, promulgada en Diciembre de 1994 y reglamentada por Decreto 235/96 de marzo de 1996, establece en qué caso es obligatoria la denuncia en el plazo de 72 hs. y cuándo puede prorrogarse.

La denuncia debe efectuarse ante los jueces de familia y en su defecto en los Juzgados Civiles, ya que no tiene por objeto principal la condena del agresor, sino la reparación del agredido.

En tal sentido, en su Art. 4º plantea que el juez, al tomar conocimiento de los hechos, podrá ordenar la exclusión del autor de maltrato, de la vivienda donde habita el grupo familiar, prohibiendo el acceso de éste al domicilio del damnificado, como a los lugares de trabajo o estudio y decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos. La antedicha ley nacional tiene vigencia efectiva en Capital Federal y en las Provincias de Chaco, Corrientes y Chubut, entre otras.

Dónde realizar una denuncia por maltrato infantil:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Dirección General de la Mujer
Carlos Pellegrini 211 7º piso
Tel.: 4323-8000

Línea TE AYUDO:
Tel.: 4393-6464 (lunes a viernes, de 9 a 21)

Servicio Telefónico de Violencia Familiar
Tel.: 4393-6446 / 6447 (todos los días, las 24 horas.)

Hospital Elizalde
Montes de Oca 40- Capital Federal
Tel.: 4307-5269

Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Gallo 1330- Capital Federal
Tel.:4962-9229

Programa de prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar
Maípú 171 PB- Capital Federal.
Atiende de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
Tel.: 4326-6575 / 5822.

Secretaría de Minoridad
Tucumán 1393 5º piso- Capital Federal
Tel.: 4373-2985

Cualquier comisaría

Maltrato infantil, prevención y derechos

Filed under: DERECHOS,FAMILIA,INFANTIL,JUSTICIA,LEY,MALTRATO,NIÑO,VIOLENCIA — JORGELANZ @ 6:49 pm

MALTRATO INFANTIL Y LA LEY ARGENTINA – 16/12/2007

Leyendo informaciones que en Uruguay recién ahora se aprobó el proyecto de ley sobre maltrato infantil, y viendo que algunos uruguayos decían tener una “Justicia de avanzada”, es que decidí buscar información sobre este tema.

Recién ahora, en 2007, en buena hora, Uruguay se preocupa por intentar hacer una ley ya que recién aprobaron el proyecto.

Podemos sugerirles que lean nuestra legislación vigente, la cual, como en este caso, se incorporó nada más ni nada menos que a nuestra Constitución Nacional !!

Damos por ende la bienvenida a Uruguay por este intento, el cual esperamos que llegue pronto y a buen término!


Qué es el maltrato infantil

El maltrato a los niños y niñas es un grave problema social, con raíces culturales y psicológicas, que puede producirse en familias de cualquier nivel económico y educativo. El maltrato vulnera derechos fundamentales de los niños y niñas y por lo tanto, debe ser detenido… cuanto antes, mejor. En este sentido, la escuela y los docentes pueden y deben cumplir un papel importante.

Cuales son las formas de maltrato a niños? Pueden distinguirse varias formas de maltrato, que los adultos ejercen sobre los niños:

* la Negligencia que se expresa en desprotección, descuido y/o abandono;

* el Maltrato Físico que es toda forma de castigo corporal e incluye también, el encierro o la privación intencional de cuidados o alimentos;

* el Abuso Sexual, consiste en obligar o persuadir a un niño/a para que participe en actividades sexuales adultas, frente a las que no puede dar un consentimiento informado;

* el Maltrato Emocional, que acompaña a todas las otras, pero que puede ejercerse independientemente de las demás por ejemplo, mediante amenazas aterrorizantes, descalificaciones, desvalorizaciones y/o ausencias de expresiones cariñosas.

Todas las formas de maltrato que hemos descripto producen en los niños/as daños variables en función de diversos factores, especialmente la intensidad con que se ejercen y su persistencia en el tiempo; pero siempre significan un atentado contra su vida y su salud que afecta su desarrollo integral y deja secuelas en su futuro personal.

Cómo detener el maltrato infantil

Realizando actividades de prevención primaria con los niños y sus familias.

Identificando los casos de maltrato.

Realizando intervenciones preliminares en las situaciones detectadas, a través del gabinete o de docentes sensibles y capacitados para abordar el tema.

Derivando y/o denunciando los casos de maltrato a los organismos pertinentes.

Antes de que ocurra… La prevención primaria

Entendemos por prevención primaria al conjunto de acciones dirigidas a disminuir o eliminar los factores de riesgo que afectan a las familias y predisponen la existencia del maltrato a los niños y niñas.

Esta tarea no es en modo alguno privativa de la escuela y los docentes. Por el contrario, debe ser emprendida interdisciplinaria e interinstitucionalmente, en el marco de un conjunto de políticas públicas, dirigidas a eliminar o reducir las circunstancias ambientales y sociales que favorecen la existencia del maltrato. Pero dado que los factores culturales son fundamentales en la constitución del problema, la escuela puede cumplir una importante función en la promoción y transmisión de nuevos valores y actitudes, dirigidos a contrarrestarlo.

Aquí proponemos algunas líneas de trabajo que la escuela pueda desarrollar con los niños y sus familias:

Realizar tareas de sensibilización y capacitación sobre las necesidades evolutivas de los niños.

Realizar talleres reflexivos con los padres sobre los mecanismos de control y resolución de conflictos en la educación infantil.

Desarrollar acciones de difusión y sensibilización entre los niños, las familias y la comunidad acerca de los derechos especiales que asisten a la infancia.

Articular con la currícula, actividades dirigidas a revisar críticamente la aceptación de la violencia, la discriminación y los modelos estereotipados sobre la crianza de los hijos.

Estimular por todos los medios, la confianza y autoestima de los niños y niñas.

Para desarrollar con éxito la función preventiva, la escuela como institución debe ser capaz de revisar sus propias actitudes hacia el control de las conductas de los niños y adolescentes.

Ofrecer a los alumnos el espacio y las oportunidades para experimentar formas no violentas de resolución de los conflictos. Las asambleas, los consejos de aula y todo medio que estimule la participación democrática en la vida escolar, puede ser un buen recurso.

Y si ya ocurrió, cuándo intervenir?

Siempre que un docente sospeche que un niño está siendo objeto de maltrato por parte de adultos aun cuando fueren los responsables de su crianza, no debe dudar en intervenir de alguna forma para impedir que la situación continúe. Para ello debe tener presente que:

Las únicas normas de cuidado y de educación adecuadas para los niños, son aquellas que consideran su bienestar en primer término. Si un niño crece y se desarrolla sano y está normalmente contento, aunque las pautas culturales de crianza de su familia difieran de las nuestras, no hay razón para creer que son inaceptables.

Los niños son personas con derechos propios y los padres no pueden hacer lo que quieren con sus hijos e hijas, porque no son de su propiedad.

El abandono, el castigo físico y el abuso sexual a los niños son delitos penados por la ley.

La escuela como institución tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de los derechos infantiles protegiendo -en la medida de sus posibilidades- la vida y la salud de sus alumnos.

Prioritariamente debe ser tenido en cuenta el interés del niño que está siendo objeto de maltrato y sólo en segundo lugar el de su familia. Aunque es útil recordar que un buen abordaje del problema puede ayudar a todos los miembros del grupo familiar, incluso a los maltratadores.

Cuanto más tiempo se prolongue una situación de maltrato o abuso, más graves son sus consecuencias y por ello es imprescindible actuar con seguridad, en cuanto se la identifica.

Identificación del niño maltratado

El maltrato y el abuso no siempre presentan huellas físicas fácilmente visibles, pero siempre dejan su marca en la conducta. La observación sensible, la actitud receptiva y la escucha atenta, son los mejores recursos para identificar al niño o niña maltratado.

Los maestros requieren de especial sensibilidad para detectar si un niño es objeto de maltrato, porque frecuentemente éste por vergüenza o para proteger a otros miembros de la familia, encubren la situación. Deben tener presente que para quien está creciendo en un ambiente violento, la violencia no es cuestionada e incluso, puede parecer el único modo de expresar los afectos.

Un padre o una madre agresivos y/o abusadores, significan un peligro real para la salud y la vida del niño, pero generalmente son su principal o único referente afectivo y además, la violencia de los padres produce un sentimiento contradictorio de afecto, rechazo y dependencia emocional en el niño.

A veces, el niño o niña denuncia explícitamente el maltrato que sufre. La actitud receptiva de los docentes puede animar a estos niños a confiarse. En estos casos es indispensable disponer una escucha atenta y sobre todo:

Creer en la palabra del niño o niña

No culpabilizarlo en ningún caso

Investigar la verdad.

Consultar con otros profesionales.

Recurrir a las autoridades correspondientes.

Indicadores físicos

La alteración de los patrones normales de crecimiento y desarrollo Salvando las variaciones individuales normales, un niño que crece poco está enviando una señal de alerta. Si bien es necesario considerar entre las causas del problema los factores socioeconómicos que afecten a la familia, es imprescindible indagar el caso antes de descartar la posibilidad de maltrato o negligencia. El escaso crecimiento es -a veces- el único indicio físico que presenta un niño maltratado emocionalmente.

La persistente falta de higiene y cuidado corporal

Con las salvedades anteriormente consideradas, puede ser un indicador de negligencia y acompañar otras formas de maltrato, sobre todo en los niños pequeños que no pueden valerse por sí mismos.

Las marcas de castigos corporales

Con frecuencia se advierten a simple vista e incluso, delatan la forma en que fueron provocados. Los dedos sobreimpresos en la mejillas, los hematomas en los ojos, las marcas de golpes con cintos u objetos duros o cortantes, las quemaduras provocadas por cigarrillos o planchas, los moretones y/o escoriaciones en muñecas y tobillos, son signos bastante evidentes de maltrato físico, pero en otros casos, pueden confundirse con lesiones accidentales. Se debe tener presente que en sus juegos normales los chicos suelen lastimarse las partes expuestas del cuerpo (frente, rodillas, mentón, cara externa del brazo o de las piernas) pero difícilmente se lastiman las partes no expuestas del mismo (cara interna de brazos y piernas, ojos, cuello). Las lesiones en esas zonas deben mirarse con sospecha.

Los “accidentes” frecuentes.

Los familiares, y a veces también las víctimas, justifican las lesiones producidas por el maltrato hablando de “accidentes”. Cuando éstos se reiteran es importante profundizar la investigación.

El embarazo precoz

El embarazo temprano puede ser indicio de abuso sexual y/o incesto. Debe tenerse presente que el acto sexual de un adulto con una niña de 15 años, constituye delito de estupro y siempre se debe observar con especial cuidado.

Abuso sexual

Las manchas de sangre en la ropa interior de los niños o niñas, los moretones en glúteos, muslos o genitales, la dificultad al caminar, la presencia de enfermedades venéreas, son también indicios de probable abuso sexual.

Los indicadores de conductaEl comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su situación. La mayoría de esos indicios son inespecíficos, porque la conducta puede atribuirse a diversos factores. Sin embargo, simpre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y abuso entre sus posibles causas.

Las ausencias reiteradas a clase.

El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración
La depresión constante y/o la presencia de conductas autoagresivas o ideas suicidas.
La agresividad y violencia con los compañeros, especialmente con los más chicos.

La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos.
La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, especialmente cuando se trata de niños pequeños.

Las actitudes y juegos sexualizados persistentes e inadecuados por la edad.

Derechos y obligaciones de la escuela

Los docentes deben saber que existen leyes que protegen a los niños y niñas del maltrato.

En primer lugar, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por nuestro país mediante la Ley Nacional 23.849 y recientemente incorporada a nuestra Constitución Nacional, ofrece el marco jurídico general mediante el cual nuestro Estado y nuestra sociedad deben abordar esas situaciones.

En ese sentido, la Convención destaca “el interés superior del niño” como el bien central a proteger al tomar cualquier medida que le concierna y obliga a los Estados a adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de maltrato por parte de los padres, representantes legales o cualquier persona que lo tenga a su cargo (artículos 3 y 19).

En particular el artículo 19 señala que estas medidas deben comprende el establecimiento de programas sociales para asistir al niño y tambiún a quienes cuidan de él, así como para prevenir, identificar, notificar, investigar, remitir a instituciones, tratar y realizar el ulterior seguimiento de los casos.

Entre los principios que alienta la Convención, la preservación de los vínculos familiares en cualquier circunstancias ocupa un lugar central, sin embargo, en los casos de maltrato, el artículo 9, prevé explícitamente la posibilidad de que el niño sea separado de sus padres o los responsables de su cuidado.

Por otra parte, la legislación argentina vigente, ya tipificaba como delitos el maltrato y abuso sexual perpetrados contra los menores de edad, estableciendo penas diversas para el agresor, según el caso y el vínculo existente entre éste y el niño. Dicha legislación, establece también, los derechos y obligaciones de las personas que en cualquier circunstancia, conozcan la existencia de esos delitos.

El ciudadano común tiene el derecho pero no la obligación de denunciar el abuso o maltrato a un menor. En ese sentido, el artículo 155 del Código Procesal Penal, faculta para hacerlo a cualquier persona que presencie, o por cualquier otro medio tenga noticias del maltrato físico o abuso sexual a un menor o incapaz.

Por el contrario, mediante el artículo 164 del Código Procesal Penal, la ley impone a los empleados o funcionarios de la administración pública, el deber de realizar la denuncia.

En esa categoría se halla incluido el personal docente y no docente de las escuelas públicas, así como también los médicos, enfermeras, psicólogos y asistentes sociales que trabajan en instituciones estatales.

El incumplimiento de estas normas, implica incurrir en las responsabilidades que establece el Código Procesal Penal por delito de encubrimiento, cuyo artículo 277, inciso I, fija para tales casos, penas que van de seis meses a tres años de prisión.

La ley 24.717 de Protección contra la Violencia Familiar, promulgada en Diciembre de 1994 y reglamentada por Decreto 235/96 de marzo de 1996, establece en qué caso es obligatoria la denuncia en el plazo de 72 hs. y cuándo puede prorrogarse.

La denuncia debe efectuarse ante los jueces de familia y en su defecto en los Juzgados Civiles, ya que no tiene por objeto principal la condena del agresor, sino la reparación del agredido.

En tal sentido, en su Art. 4º plantea que el juez, al tomar conocimiento de los hechos, podrá ordenar la exclusión del autor de maltrato, de la vivienda donde habita el grupo familiar, prohibiendo el acceso de éste al domicilio del damnificado, como a los lugares de trabajo o estudio y decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos. La antedicha ley nacional tiene vigencia efectiva en Capital Federal y en las Provincias de Chaco, Corrientes y Chubut, entre otras.

Dónde realizar una denuncia por maltrato infantil:

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires:
Dirección General de la Mujer
Carlos Pellegrini 211 7º piso
Tel.: 4323-8000

Línea TE AYUDO:
Tel.: 4393-6464 (lunes a viernes, de 9 a 21)

Servicio Telefónico de Violencia Familiar
Tel.: 4393-6446 / 6447 (todos los días, las 24 horas.)

Hospital Elizalde
Montes de Oca 40- Capital Federal
Tel.: 4307-5269

Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”
Gallo 1330- Capital Federal
Tel.:4962-9229

Programa de prevención y Tratamiento de la Violencia Familiar
Maípú 171 PB- Capital Federal.
Atiende de lunes a viernes, de 9 a 17 horas.
Tel.: 4326-6575 / 5822.

Secretaría de Minoridad
Tucumán 1393 5º piso- Capital Federal
Tel.: 4373-2985

Cualquier comisaría

diciembre 1, 2007

DEROGARACIÓN DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

APRUEBAN DEROGAR EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR EN LA ARGENTINA – 11/11/2007

Buenos Aires – La Cámara de Diputados aprobó anoche el proyecto de derogación del Código de Justicia Militar, para crear un nuevo sistema disciplinario que otorgue garantías constitucionales a los efectivos de las Fuerzas Armadas y eliminar la pena de muerte de la legislación nacional. Con 154 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones, la Cámara Baja aprobó de manera general la reforma de dicho código, un proyecto ingresado en Diputados desde el Ejecutivo nacional en abril. El proyecto fue girado al Senado para su ratificación.


La diputada del Frente para la Victoria, Rosario Romero, encargada del defender la medida, aseguró que la Ley 14.029 de Justicia Militar “contradice las garantías constitucionales, porque los efectivos son juzgados con dudosas políticas”. “Este proyecto elimina la pena de muerte de la ley argentina definitivamente, ya que este es el único código que mantiene esta figura. Pero no descuida la necesidad de otorgar eficacia y garantías constitucionales a los militares”, enfatizó la legisladora.

La propuesta, firmada por el presidente Néstor Kirchner hace siete meses, fue elaborada por un grupo de especialistas, civiles y militares. Representantes del Derecho Penal de la UBA, de la Secretaría de Derechos Humanos, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), de la Asociación de Mujeres Juezas de la Argentina, del Estado Mayor Conjunto del Ejército y del Comité de la Cruz Roja, participaron en la construcción del proyecto. La iniciativa, que derogará el texto que rige desde 1951, busca que los militares sometidos a proceso por delitos militares tengan las mismas garantías judiciales que cualquier ciudadano ante la Justicia civil. Además, el proyecto incorpora figuras novedosas como el acoso sexual y la discriminación, y elimina el calabozo y el confinamiento.

La iniciativa fue respaldada por la mayoría de los bloques legislativos. Incluso pasó sin escollos por las comisiones de Legislación Penal y Defensa, en donde tuvo sólo la disidencia de la diputada lopezmurphysta Nora Ginzburg. La presidenta de la comisión de Legislación Penal, Rosario Romero, afirmó que con esta norma se deroga un sistema de justicia militar de los siglos XVIII y XIX, y remarcó que la reforma se acoge a “los objetivos e ideales que la Argentina viene sosteniendo”. A su vez, Ginzburg dijo: “la iniciativa significa un paso más en la destrucción de las Fuerzas Armadas y no voy a ser cómplice de eso”. (NA-DyN)

FUENTE: LA GACETA ON LINE – ARGENTINA.

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