Anularon el indulto a Martínez de Hoz

CRÍMENES DE LA DICTADURA
– 16/04/2008

El ex ministro de Economía del último gobierno de facto está imputado por delitos de lesa humanidad por el secuestro de dos empresarios en 1976.

Martínez de Hoz, junto a Jorge Videla y Albano Harguindeguy, estuvieron acusados por la privación ilegal de la libertad de dos empresarios.

La Cámara Federal ratificó la nulidad del indulto al ex ministro de economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez de Hoz, al considerar que está imputado por delitos de lesa humanidad, informó Télam.

El tribunal se pronunció sobre una causa en la que Martínez De Hoz está acusado del secuestro extorsivo de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, ocurrido el 5 de noviembre de 1976. A partir de la anulación del indulto del ex ministro, el juez federal Norberto Oyarbide deberá determinar si existen pruebas para que Martínez De Hoz vaya preso.

Los empresarios Gutheim, padre e hijo, fueron detenidos por un decreto y puestos a disposición del Poder Ejecutivo.

Según la denuncia que investiga Oyarbide, el verdadero objetivo de tenerlos en prisión fue que entablaran la renegociación de un convenio de exportación con empresarios de Hong Kong que se había frustrado. Se buscaba forzarlos a que su empresa, la textil Sadeco, sellara ese acuerdo que le permitiría a la dictadura obtener importantes líneas de crédito.

Para eso, durante su detención, los Gutheim fueron llevados en varias oportunidades a las oficinas donde transcurrían las tratativas.

En las reuniones, que se hicieron en enero de 1977, siempre participaba algún representante del ministro de Economía.

El dictador Jorge Rafael Videla, el ex ministro del Interior Albano Harguindeguy y Martínez de Hoz estuvieron acusados por la privación ilegal de la libertad de los empresarios. Los tres resultaron favorecidos tiempo después por los indultos de Carlos Menem, lo que detuvo el proceso.

En 2006, el juez Oyarbide reabrió la causa y consideró que el secuestro de los Gutheim fue parte de la «práctica sistemática» del terrorismo de Estado de violación a los derechos humanos.

Centro clandestino de detención "La Escuelita"

Neuquén: Restos óseos en tierras que eran del Ejército – 14/04/2008

Se encontraron en el predio de las 127 hectáreas que pertenecía al Ejército. Hay dudas sobre algunas piezas que podrían ser humanas. Investiga el juez federal Guillermo Labate.

Investigadores federales y provinciales seguían trabajando este domingo en un lugar del predio de las 127 hectáreas transferidas por el Ejército a la provincia, donde cuando se estaba alisando el terreno para construir una cancha de rugby, se encontraron restos óseos, algunos de los cuales podrían ser humanos.

La noticia, que fue publicada por los diarios regionales en su edición dominical, hizo referencia a que el lugar está ubicado a poca distancia de donde funcionó “La Escuelita”, un centro de detención clandestina de la dictadura militar, que inscribió un página negra en la historia de la región y que está investigada para ser llevada a juicio actualmente por el juez federal Guillermo Labate.

Fue precisamente este magistrado quien se hizo presente el sábado en el lugar del hallazgo. “Colectamos algunos huesos que podrían ser compatibles con restos óseos humanos. El lunes parten a Buenos Aires para ser analizados”, explicó Labate desde el campamento que se había montado en el predio antes llamado Los Polvorines y ahora conocido como Ciudad Deportiva, según publica el diario La Mañana de Neuquén.

Según se refirió, hace unos días trabajadores de la Ciudad Deportiva –un emprendimiento iniciado por el anterior gobierno de Jorge Sobisch- removieron tierra para hacer una cancha de rugby del Club Patagonia de Neuquén.

Después de varias pasadas con las máquinas, los hombres advirtieron una gran cantidad de huesos que estaban enterrados en el predio.

El juez Labate fue cauto en sus apreciaciones. “Tenemos un hueso que podría ser un radio, aunque no se sabe si es de animal o humano”, remarcó.

También se encontró en el lugar una moneda de un peso del año 1975, según confirmaron distintas fuentes.

El predio de las 127 hectáreas estuvo destinado a los polvorines del Ejército Argentino en Neuquén, hasta que se firmó un convenio entre el gobierno de Jorge Sobisch y la Fuerza, por el cual se cedió el lugar a la provincia, a cambio de la construcción por parte del Estado neuquino de polvorines en otra zona de Neuquén.

El lugar fue destinado a recrear una zona de pulmón verde, construcciones para prácticas deportivas, centros culturales –ya funciona la Escuela de Bellas Artes- y una nueva sede para la Jefatura de Policía.

Actualmente está en litigio con grupos piqueteros que pretenden que una parte sea destinada a loteos sociales y construcción de viviendas.

Masacre de Trelew

Liberan a un acusado de la Masacre de Trelew – 08/04/2008

El juez federal de Rawson Hugo Sastre dictó la falta de mérito del brigadier retirado Ezequiel Martínez, que fue liberado

Un juez federal dictó la falta de mérito a uno de los acusados por la llamada Masacre de Trelew, como se recuerda el fusilamiento de 16 militantes de izquierda ocurrido en esa ciudad de Chubut en agosto de 1972 y, de esa manera, recuperó su libertad.

Así, el brigadier retirado Ezequiel Martínez, jerarca de la dictadura de Agustín Lanusse, fue beneficiado hoy con falta de mérito en la causa por la Masacre de Trelew y recuperó la libertad, por orden del juez federal de Rawson Hugo Sastre.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el magistrado indagó a Martínez en esta capital durante poco más de dos horas, y luego lo benefició con la «falta de mérito» y resolvió su «inmediata libertad», que se concretó desde los tribunales porteños.

La figura jurídica de falta de mérito significa que no hay pruebas suficientes para procesar o sobreseer a una persona, por lo que Martínez, si la Justicia lo requiere, podría seguir siendo investigado.

Martínez, ya octogenario, fue secretario de Gobierno de la dictadura autodenominada «Revolución Argentina», de 1966 a 1973, cuyo último tramo estuvo encabezado por el fallecido general Lanusse. Y en 1973 fue candidato presidencial por la Alianza Republicana Federal, bajo el slogan «Presidente Joven».

El juez Sastre lleva dos días en la ciudad de Buenos Aires para completar trámites vinculados con la investigación reabierta por los episodios ocurridos el 22 de agosto de 1972, cuando 16 guerrilleros murieron fusilados y tres lograron sobrevivir en la base aeronaval «Almirante Zar», donde estaban detenidos.

Martínez explicó al juez que por el cargo que desempeñaba no tenía poder de decisión y, por ende, fue ajeno a lo ocurrido en Trelew.

El juez tiene previsto indagar también al ex ministro de Defensa de esa dictadura y abogado Eduardo Aguirre Obarrio.

La causa tuvo un importante vuelco en febrero pasado, cuando el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino dijo que el hecho no había sido consecuencia de un intento de fuga de los detenidos, sino un fusilamiento del que habrían participado los capitanes, ya retirados, Luis Sosa, Emilio Del Real y el prófugo Roberto Guillermo Bravo.

El imputado relató que los detenidos cantaron el Himno Nacional, tras lo cual fueron acribillados. En ese sentido, dijo que escuchó una ráfaga de ametralladoras PAM.

A esa primera balacera siguió un silencio y luego balazos intermitentes de pistola calibre 45, con los que habrían rematado a los heridos esparcidos por celdas y pasillos de la cárcel.

En ese episodio murieron los militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Carlos Alberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon y María Angélica Sabelli.

También fallecieron los miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla.

Y lo mismo ocurrió con los militantes de «Montoneros» Susana Graciela Lesgart de Yofre y Mariano Pujadas.

En tanto, sobrevivieron María Antonia Berger, Alberto Camps y René Haidar, pero fueron secuestrados por la dictadura militar de 1976-1983 y siguen desaparecidos.

En esta causa ya fueron procesados Sosa, Del Real, Marandino, el contralmirante Horacio Mayorga y el capitán (re) Rubén Norberto Paccagnini.

El juez Sastre viajó a Buenos Aires para concretar las indagatorias porque los imputados que viven en Capital Federal acreditaron «estar enfermos y son personas mayores que, por su condición, no pueden viajar a Rawson».

APROPIACIÓN DE MENORES EN LA DICTADURA

Carlotto, disconforme con las condenas en el caso de apropiación de Sampallo – 06/04/2008

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo criticó la sentencia para apropiadores de Eugenia Sampallo.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, calificó hoy de «delincuentes» al militar retirado Enrique Berthier y a la pareja que fueron condenados por apropiarse de una menor hija de desaparecidos durante la última dictadura y remarcó que «no» la conforma «en absoluto» la decisión judicial.

El Tribunal Federal 5 condenó a 10 años a Berthier por entregar a la niña Eugenia Sampallo Barragán al matrimonio conformado por Osvaldo Arturo Rivas y María Cristina Gómez Pinto, que recibieron la pena de 8 y 7 años de prisión, respectivamente (ver Leves condenas para los tres apropiadores de una menor, en Edición Impresa).

El juicio tuvo la particularidad de que la propia víctima fue la querellante, quien fue entregada a sus apropiadores cuando solo tenía 3 meses de vida.

Cuestionamientos. Carlotto relató que Eugenia (39) «tuvo una vida muy desgraciada, muy mortificada sobre todo psicológicamente» porque el matrimonio «le decía que no era hija de ellos y la daban cualquier maternidad abandónica», contó a radio Del Plata.

La pareja recibió en «varias oportunidades» a Carlotto, pero «nos negó siempre (ver)» a Eugenia, que «pensó que podía ser hija de desaparecidos» y se acercó a la CONADI para realizarse los «estudios inmunogenéticos».

Finalmente, la joven «encontró su identidad, empezó el encuentro con su familia y terminó sentada en la falda de su abuela, abrazándola», relató Carlotto sobre el caso, pese a que los apropiadores y Berthier le habían «negado su derecho a saber» acerca de su verdadera identidad.

«Ayer terminó un proceso con una condena que no nos conforma en absoluto, porque 10 años para Berthier nos parece mínimo. Y luego descontarle el 2×1», se quejó la referente social, que adelantó que los abogados «van a cuestionar el fallo». Asimismo, subrayó la «valentía» que mostró Sampallo Barragán para iniciar el proceso de búsqueda y ahora espera «vivir su vida con tranquilidad y en libertad».

Por otra parte, Carlotto detalló que hoy partirá rumbo a París, -en coincidencia con la presidenta Cristina Fernández-, donde se inaugurará una plaza con el nombre de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, en homenaje a sus más de 30 años de labor por los derechos humanos.

UNA CONDENA HISTORICA – Maria Eugenia logró juzgar a sus expropiadores

El entregador y los apropiadores de María Eugenia Sampallo Barragán, querellados por ella misma como hija de una pareja de militantes sindicales desaparecidos en la última dictadura, recibieron ayer condenas de 10, 8 y 7 años de prisión.

La sentencia, dictada por el Tribunal Oral Nº 5, recayó sobre el capitán del Ejército retirado Enrique Berthier (10 años), Osvaldo Rivas (8 años) y María Cristina Gómez Pintos (7 años), por los delitos de sustracción, retención, ocultamiento, supresión de identidad y falsificación de documento público de la entonces menor, separada de sus padres biológicos.

En la primera parte de la audiencia final del juicio, tras darles la oportunidad de pronunciarse a los tres imputados, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta las 17 para deliberar, antes de dictar sentencia.

María Eugenia, que hoy tiene 30 años, es la primera hija de desaparecidos durante la dictadura militar, autodenominada «proceso de reorganización nacional», que querella a sus apropiadores. La pareja condenada ayer la anotó como hija propia en 1978. Según declaró, el capitán Berthier se la había entregado bajo la condición de «no decir nada».

Cuando el presidente del tribunal, Guillermo Gordo, invitó a los acusados a hablar por última vez antes del fallo, Rivas, uno de los apropiadores, dijo: «No tengo nada que decir, señor presidente». Su ex pareja, Gómez Pintos, dijo: «No, gracias». Berthier expresó: «Creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir».

En los alegatos del juicio, la Fiscalía y la querella pidieron la máxima condena contra los imputados, prevista en 25 años por el Código Penal.

Las defensas de los imputados rechazaron los cargos y pidieron la absolución total, apoyados en interpretaciones jurídicas que contemplan la prescripción del delito al tomar como cese del mismo la fecha en que Gómez Pintos decidió someterse a los análisis genéticos, en 1989.

El juicio oral y público de este resonante caso empezó el 19 de febrero de este año, por los delitos de sustracción, retención, apropiación de menor y falsificación de documento público en tres oportunidades.

La pareja de apropiadores de la entonces recién nacida continúa en libertad pese a la condena recibida ayer, hasta que el fallo sea ratificado en segunda instancia.

En cambio, el capitán retirado que entregó la beba a la pareja permanecerá detenido como hasta ahora.

María Eugenia Sampallo Barragán nació en cautiverio y recuperó su identidad en 2001, cuando los estudios genéticos demostraron que era hija de Mirta Barragán y Leonardo Sampallo, secuestrados por fuerzas represivas el 6 de diciembre de 1977, cuando la mujer estaba embarazada de seis meses. Al enterarse de la verdad, la joven querelló a sus apropiadores.

CRIMINAL CABALLO EXTRADITADO DESDE ESPAÑA

Otro inmundo represor a juicio – 01/04/2008

Llegó el represor Cavallo y, ante el juez, defendió a la Armada.

No fue interrogado aún por secuestros, torturas y asesinatos en la ESMA.

Lo acusan de crímenes pero declaró sobre robos.

CAVALLO EN EZEIZA, CON CHALECO ANTIBALAS Y ESPOSADO, DE ALLI FUE A TRIBUNALES Y A LA CARCEL.

Finalmente, ocho años después de su detención en México a pedido de la Justicia española, el represor Ricardo Miguel Cavallo fue llevado ayer ante un juez argentino para declarar como acusado por los crímenes ocurridos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la dictadura.

Cavallo llegó ayer luego de ser extraditado por las autoridades españolas (ver: «La mirada…») e inmediatamente fue llevado a los tribunales federales de Comodoro Py. Pero el juez federal Sergio Torres, a cargo de la «megacausa» ESMA, apenas lo interrogó por dos casos de robo de bienes a dos ex detenidos—desaparecidos, un desprendimiento de la causa principal.

«Niego los hechos que se me imputan, mi participación en los mismos y la integración a ninguna asociación ilícita, en particular a la que se me reprocha en este acto, por no revestir ese carácter la Armada de la República Argentina», dijo Cavallo ante el magistrado. Igualmente, se guardó la opción de ampliar su declaración indagatoria una vez que tome «conocimiento certero de los hechos» que se le imputan, según consta en el acta labrada ayer en Tribunales.

Cavallo —trasladado luego al penal de Marcos Paz— está acusado en una causa caratulada «N.N. s/apropiación de bienes», un desprendimiento de la «megacausa» ESMA. Según el juez, los delitos que habría cometido serían «el desapoderamiento de un bien inmueble» de Mario Villani y el «desapoderamiento» de «pertenencias» de Susana Jorgelina Ramus que «se encontraban en un guardamuebles de la empresa Verga Hermanos».

Villani y Ramus eran dos integrantes de la organización guerrillera Montoneros que sobrevivieron al campo clandestino de detención que funcionó dentro de la ESMA, el mayor que tuvo la dictadura. Villani fue secuestrado el 18 de noviembre de 1977 y permaneció desaparecido hasta agosto de 1981. Ramus estuvo desaparecida dos años, entre enero de 1977 y enero de 1979.

En los próximos días, el magistrado avanzará sobre delitos más graves, como secuestros y torturas, aunque deberá seleccionar casos de víctimas que no estén incluidas en la causa que se le sigue en España. En caso contrario, su defensa podrá alegar que existe un doble juzgamiento, algo prohibido por la legislación vigente.

Ocurre que cuando España pidió la captura de Cavallo, los juicios en la Argentina estaban paralizados como consecuencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El capitán de corbeta retirado fue apresado hace ocho años en México, donde estaba a cargo del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE).

En España, Cavallo estaba acusado por más de dos centenares de casos de personas que pasaron por la ESMA y que en su mayoría permanecen desaparecidas. La fiscalía llegó a pedir 17 mil años de prisión para él. Sin embargo, ese país aceptó ahora extraditarlo como consecuencia de la reapertura de las causas en la Argentina tras la anulación de las «leyes del perdón». Su causa en España fue archivada pero esa medida se encuentra apelada.

Ayer, la defensa de Cavallo pidió su excarcelación, lo que Torres resolvería hoy.

LA INMUNDA Y CRIMINAL DICTADURA – 24 de marzo de 1976

Qué nos pasó ? – 24/03/2008

24 de marzo de 1976

Día de la continuidad de una era negra

La dictadura militar en Argentina

24 de marzo de 1976 – 10 de diciembre de 1983

El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban: Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti. Designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla. Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el audodenominado «Proceso de Reorganización Nacional».

José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y, el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras.

La gestión de Martínez de Hoz, en el contexto de la dictadura en que se desenvolvió, fue totalmente coherente con los objetivos que los militares se propusieron.

Durante este período, la deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado que, fuera de enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado, dirigido a destruir toda forma de participación popular.

El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el «orden», sin ninguna voz disidente.

Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que registra la historia de nuestro país. Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y «desaparecieron». Mientras tanto, mucha gente se exilió.

La guerra sucia

La «desaparición» fue la fórmula más siniestra de la «guerra sucia»: el «objetivo» era secuestrado («chupado») por un comando paramilitar («grupo de tareas» o «patota») donde, convertido en un número y sin ninguna garantía legal, quedaba a merced de sus captores. La desaparición de personas fue un programa de acción, planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica: arrojando a los «desaparecidos» al Río de la Plata (previa aplicación de sedantes) desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes; fusilamientos y ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación.

La represión ilegal

La dictadura de 1976 completó y profundizó el esquema de persecución y exterminio que comenzara sistemáticamente con la Triple A, liderada por Lopez Rega.
Distribución de desaparecidos según profesión u ocupación

Obreros…………………………………………….. 30,0%
Estudiantes……………………………………….. 21,0%
Empleados………………………………………… 17,8%
Profesionales……………………………………. 10,7%
Docentes……………………………………………. 5,7%
Conscriptos y personal subalterno
de las Fuerzas de Seguridad……………….. 2,5%
Amas de casa………………………………………. 3,8%
Autónomos y varios……………………………. 5,0%
Periodistas…………………………………………. 1,6%
Actores y artistas………………………………… 1,3%
Religiosos…………………………………………. 0,3%

(Informe de la Conadep, Nunca Mas, Eudeba, 1984)

Golpes de Estado en Argentina – (anteriores a 1976)

Entre 1930 y 1983 Argentina vivió un largo período marcado fundamentalmente por 6 golpes de Estado (1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976) con pequeños períodos de democracias débiles. Esos golpes fueron producidos por las Fuerzas Armadas, en muchos casos, con apoyo de civiles. Impusieron gobiernos de facto que interrumpieron la vida constitucional del país, con el objetivo de «poner orden».

1) 1930 (- 1943)
José Félix Uriburu (1930-1932) encabezó el primer golpe militar de nuestra historia. Derrocó al presidente Yrigoyen.
Este golpe inauguró la década infame, una época marcada por la corrupción y el fraude electoral.
Agustín P. Justo (1932-1938) firmó el pacto Roca Runciman, con desventajas comerciales para el país.
Roberto M. Ortiz (1938-1942) triunfó en elecciones fraudulentas. Impulsó tímidas medidas democráticas. Renunció al cargo por enfermedad.
Ramón Castillo (1942-1943), vicepresidente de Ortiz, lo sucedió tras su retiro. Retomó la tradición del fraude y fue depuesto por el general Rawson.

2) 1943 (-1946)
Pedro P. Ramírez (1943-1944) asumió tras el golpe del 4 de junio de 1943.
Edelmiro J. Farrell (1944-1946) reemplazó al general Ramírez y puso a Perón al frente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.

Democracia:
1946-1955
Juan Domingo Perón (1946-1955) fue elegido dos veces con gran apoyo popular. Inauguró una época marcada por la política social y el desarrollo económico.

3) 1955 (-1958)
Eduardo Lonardi (1955) lideró el golpe contra Perón, la Revolución Libertadora. Aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo. La Iglesia apoyó a las fuerzas rebeldes. Perón renunció y se exilió en Paraguay.
Lonardi fue destituido por Eugenio Aramburu (1955-1958), quien anuló la Constitución de 1949 y reestableció la de 1853. En 1958 convocó a elecciones.

Democracia:
1958-1962
Arturo Frondizi (1958-1962) triunfó en las elecciones tras hacer un pacto con Perón. Fue centro de numerosos planteos militares.

4) 1962 (-1963)
José maria Guido impuso un golpe y sostuvo un gobierno civil de facto. Frondizi fue confinado en la Isla Martín García.

Democracia
1963-1966
Arturo U. Illia (1963-1966) triunfó con el 22 % de los votos. El peronismo, proscripto, apoyó la abstención y el voto en blanco. Illia gobernó bajo presión sindical. Fue un gobernante honesto, pero su escaso respaldo popular le jugó en contra. El Ejército se dividió entre azules y colorados. Los «azules» impusieron al general Juan C. Onganía como comandante en jefe.

5) 1966 (-1973)
Juan Carlos Onganía (1966-1970) derrocó a Illia e instauró un régimen autoritario, marcado por la censura.
Roberto M. Levingston (1970-1971) inició una tímida apertura política pero rápidamente fue depuesto.
Alejandro A. Lanusse (1971-1973) llamó a superar los «errores del pasado» en un Gran Acuerdo Nacional. Intentó un acercamiento con Perón que fracasó y convocó a elecciones.

Democracia:
1973-1976
Héctor J. Cámpora (1973) triunfó con el lema «Cámpora al gobierno. Perón al poder». Renunció y convocó a elecciones.
Raúl Lastiri (1973) fue presidente entre julio y octubre.
Juan D. Perón (1973-1974) regresó y marcó su llegada con la masacre de Ezeiza. Murió en medio de huelgas y acciones violentas.
María Estela Martínez de Perón (1974-1976) asumió la presidencia, tras la muerte de Perón. En 1975 el «Rodrigazo» marcó un ajuste económico que disparó la inflación. La presidente fue depuesta por una Junta Militar el 24 de marzo de 1976.

24 de marzo de 1976 – El Golpe Militar

Todo terminó a la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976 cuando el general José Rogelio Villarreal le dijo a Isabel Martínez de Perón: “Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada”. O todo comenzaba. Es cierto: el país no estaba bien. Había inflación, crisis sindical, violencia y una sensación de ingobernabilidad absolutamente real.

Pero lo que se iniciaba esa fatídica madrugada sería peor. Asumía el control del país una Junta de Comandantes en Jefe integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier Orlando Agosti. “Control del país” significó, entre otras cosas, disolución de los partidos políticos y del Congreso, anulación de la libertad de prensa y expresión, reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, supresión de toda actividad política y sindical, entrega económica.

Y, fundamentalmente, muerte. Una pena de muerte disfrazada para “quienes causaren daño a medios de transporte, de comunicaciones, usinas, instalaciones de gas o agua y otros servicios públicos; para los que contaminaren el agua, los alimentos y las medicinas; para los que causaren daños con explosiones o incendios; para los que sean sorprendidos infraganti y no acaten las intimaciones, o se enfrenten con las fuerzas de seguridad», pero en realidad significaba para todo el país que no acatara las órdenes, por más irracionales que fueran.

Comenzaba el mayor genocidio de la historia nacional. El terrorismo de Estado ocupaba los sillones. El plan de exterminio estaba en marcha. La Argentina, los argentinos, nunca más serían los mismos.

Entrega económica

El golpe de marzo del 76 puso en marcha un proceso económico liberal de redistribución del poder y la riqueza. De la mano del Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz, proveniente de la más rancia aristocracia porteña y hombre de confianza de la banca internacional, se implantó la reducción del déficit en base a las privatizaciones y la transferencia de los gastos a las provincias. La economía se “modernizó” abriendo las puertas a la importación, lo que obligó a la industria nacional a competir en un plano de absoluta desigualdad. El modelo de Estado benefactor, que propugnaba el Justicialismo, y las propuestas nacionales y populares cedieron por la fuerza ante la imposición del antecedente inmediato del neo-liberalismo.

La prensa muda

Comunicado N° 19 del 24/03/76
“Se comunica a la población que la Junta de Comandantes Generales ha resuelto que sea reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes provenientes o atribuidas a asociaciones ilícitas o personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversivas o al terrorismo. Será reprimido con reclusión de hasta diez años, el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes, con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar las actividades de las Fuerzas Armadas, de Seguridad o Policiales”.

Videla

29/3/76 – 1/8/78
Presidente: Tte. Gral. Jorge Rafael Videla

Junta:
Tte. Gral. Jorge Rafael Videla (hasta agosto de 1978)
Almte. Emilio Eduardo Massera (hasta septiembre de 1978)
Brig. Gral. Orlando Ramón Agosti (hasta enero de 1978)

Gabinete:
Ministerio del Interior: Gral. Brig. Albano Eduardo Harguindeguy
Ministerio de Defensa: Brig. My. (R) José María Klix
Ministerio de Relaciones Exteriores: Vlmte. César Augusto Guzzetti – Vlmte. Oscar A. Montes
Ministerio de Justicia: Brig. Auditor Julio Gómez
Ministerio de Cultura y Educación: Ricardo Bruera – Juan José Catalán
Ministerio de Economía: José Alfredo Martínez de Hoz
Ministerio de Bienestar Social: Clmte. Julio César Bardi
Ministerio de Trabajo: Gral. Brig. Horacio Tomás Liendo
Ministerio de Planeamiento: Gral. Div. Ramón Genaro Díaz Bessone – Gral. Brig. Carlos Laidlaw

1/8/78 – 29/3/81
Presidente: Tte. Gral. (R) Jorge Rafael Videla

Junta:
Tte. Gral. Roberto Eduardo Viola (agosto 1978 – dic. 1978)
Almte. Armando Lambruschini (sept. 1978 – sept. 1981)
Brig. Gral. Omar Domingo Rubens Graffigna (enero 1979 – dic. 1981)

Gabinete
Ministerio del Interior: Gral. Brig. Albano Eduardo Harguindeguy
Ministerio de Defensa: Cmte. David Rogelio Horacio de la Riva
Ministerio de Relaciones Exteriores: Brig. My (R) Carlos Washington Pastor
Ministerio de Justicia: Alberto Rodríguez Varela
Ministerio de Cultura y Educación: Juan Rafael Llerena Amadeo
Ministerio de Economía: José Alfredo Martínez de Hoz
Ministerio de Bienestar Social: Cmte. Jorge A. Fraga
Ministerio de Trabajo: Gral. Div. Llamil Reston

Corte, Side y Procuración

Corte Suprema de Justicia

Ministros de la Corte:
1976: Horacio H. Heredia (presidente), Adolfo Gabrielli, Abelardo F. Rossi, Alejandro R. Caride y Federico Videla Escalada

1977: Pedro J. Frías y Emilio Miguel Daireaux reemplazan a los renunciantes Videla Escalada y Caride

1978: Elías P. Gustavino reemplaza en octubre al fallecido Heredia. Gabrielli ocupa la Presidencia del cuerpo.

1980: César Black reemplaza en agosto al fallecido Daireaux.

1982: Carlos Alfredo Renom reemplaza en febrero al renunciante Pedro J. Frías.

Secretarios de informaciones del Estado (SIDE)

Gral. Otto. Carlos Paladino (feb. 1976 – enero 1977)
Gral. Carlos Enrique Laidlaw (enero 1977 – enero 1978)
Gral. Carlos Alberto Martínez (enero 1978 – dic. 1983)

Procurador General de la Nación

1976: Elías P. Gustavino
1978: Juan Francisco Linares
1981: Mario Justo López

Sociedad Rural y Unión Industrial

Sociedad Rural Argentina

Presidentes:
Celedonio V. Pereda (1972 – 1978)
Juan A. Pirán (1978 – 1980)
Horacio F. Gutiérrez (1980 – 1984)

Unión Industrial Argentina

Presidentes:
Carlos E. Coquegniot (1974 – 1976)
Intervención (1976)
Jacques Hirsch (1981 – 1983)

Iglesia

Iglesia Católica

Nuncio apostólico (embajador del Vaticano en Bs.As.)
Mons. Pío Laghi (1976-1980)
Mons. Ubaldo Calabressi (1981-2000)

Presidente de la conferencia episcopal:
Mayo 1973 – Mayo 1976: Mons. Adolfo Tortolo
Mayo 1976 – Abril 1979: Mons. Raúl Primatesta
Abril 1979 – Abril 1982: Card. Raúl Primatesta
Abril 1982 – Abril 1985: Card: Juan Carlos Aramburu

Represión ilegal

“Reclusión de hasta diez años a quien difundiere, divulgare o propagare noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales”. El comunicado 19 del autollamado Proceso de Reorganización Nacional no deja lugar a dudas. Silencio ante los camiones militares transportando civiles con los ojos vendados y ante los autos sin patente con hombres armados. Silencio ante el asesinato de dos militantes comunistas cuando comandos del Ejército y la Marina ocupan un local partidario. La represión no hace muchos distingos: son encarcelados el dirigente peronista Raúl Lastiri, su esposa Norma López Rega de Lastiri y el jefe de la UOM Lorenzo Miguel; fallan en el intento de arresto del ex presidente Héctor Cámpora, y secuestran a uno de los máximos líderes del sindicalismo combativo cordobés, René Salamanca.

28 de marzo de 1976
El Fondo Monetario apoya a la Dictadura

A sólo cuatro días del golpe militar que destituyó a María Estela Martínez de Perón, el Fondo Monetario Internacional aprueba un crédito de 127 millones y medio de dólares que poco tiempo le había negado al gobierno constitucional argentino. El apoyo al golpe de Estado es claro, pero el Fondo necesita justificaciones y así lo señalan en un comunicado: “La caída de las exportaciones argentinas se debe principalmente al marcado decaimiento de la venta de carnes, su segundo renglón de exportación, en respuesta a las restricciones que se impusieron en los principales mercados”. Los diarios del día dicen que “el crédito correspondiente a facilidades petroleras ha quedado descartado, pero se abre la posibilidad de otros créditos del Fondo. Entre ellos, el primer tramo de crédito y el acuerdo stand-by, que exigen para su concreción determinados compromisos por parte del gobierno del país receptor”.

30 de marzo de 1976
Universitarios bajo control militar

Demostrando que para todo hace falta la venia, el gobierno de facto autoriza, a partir del 30 de marzo, a que las universidades nacionales inicien sus actividades con total normalidad. Un día antes, la circular de la secretaría de prensa y difusión del régimen se encargaba de mostrar qué era la “normalidad” al señalar que “las universidades nacionales podrán continuar su actividad académica de acuerdo con las previsiones respectivas a partir de mañana, 30 de marzo, siempre que, a juicio de los delegados militares responsables, se hubieran alcanzados las exigencias mínimas en el orden disciplinario interno, clarificación administrativa y regularización de la docencia y del alumnado”. Toda una advertencia.

29 de abril de 1976
El Proceso quema los libros

Es el día del animal. En Córdoba, para no pasar desapercibidos, los militares dan la orden de fuego a la cultura. Sin eufemismos, una pila de libros arde en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera. “Se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana –dice el comunicado oficial–, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual: ‘Dios, Patria y Hogar’”. Arden, entre muchas obras, El Principito, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, las investigaciones de Osvaldo Bayer. No conformes, ni más ni menos que desde el Ministerio de Educación y Cultura se gesta la «Operación Claridad»: plan de caza de opositores en toda el área cultural. Además de las desapariciones de artistas, intelectuales, docentes y alumnos, el plan produce despidos masivos e inhabilitaciones para enseñar.

16 de septiembre de 1976
La noche de los lápices: masacre en La Plata

Una ordenanza dictatorial limitaba el acceso de materiales informativos a los establecimientos escolares. Según la ley, podían ingresar sólo aquellos textos que fomentaran “el amor a Dios y a la Patria y el respeto a la familia y a la autoridad”. Para los militares de la Provincia de Buenos Aires, reclamar por el boleto estudiantil, como venía haciendo un grupo de estudiantes en La Plata, era un atentado que se debía reprimir de inmediato. Entre la medianoche y las cinco de la madrugada del 16 de septiembre, fueron secuestrados de sus domicilios los alumnos secundarios Claudio de Acha (17 años), Claudia Falcone (16 años), Horacio Ungaro (17 años), Daniel Alberto Racero (18 años), María Clara Ciocchini (18 años) y Francisco López Muntaner (16 años). El martes 21, secuestraron a Pablo Diaz, de 18 años. Todos fueron trasladados al Pozo de Banfield donde se los torturó salvajemente. Salvo Díaz, que logró recuperar su libertad, los demás jóvenes continúan desaparecidos.

19 de diciembre de 1986
Masiva protesta contra el Punto Final

Unas 50 mil personas marcharon entonando consignas contrarias al proyecto presidencial de Punto Final. Convocada por partidos opositores, organismos defensores de derechos humanos y sectores juveniles del radicalismo, la marcha contra el proyecto oficial partió del Obelisco a las 20 y se dirigió a la Plaza de los Dos Congresos, donde un representante de la Iglesia leyó una declaración conjunta repudiando todo intento de mutilación o limitación a la acción de la Justicia en la investigación y castigo a los criminales del terrorismo de estado.

Las columnas comenzaron a arribar a la Plaza a las 21.15 y los dirigentes subieron las escalinatas del monumento desde donde se pronunciaron contra el proyecto presidencial. También hubo diversos actos similares en el resto del país, destacándose los realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Tucumán.

06 de marzo de 2001
Declaran nulas las leyes del perdón

El juez federal Gabriel Cavallo declara –por primera vez– la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en el marco de la causa que investiga la desaparición del matrimonio Poblete y su hija, Claudia Victoria. El fallo será ratificado por la Cámara Federal en noviembre de ese año. El juez Cavallo cita lo acordado por la Corte Suprema al reconocer la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que realizó el pedido de anulación de las normas, anuncia que abrirá causas penales en las que serían acusados, entre otros, el represor Jorge Olivera, el coronel Eduardo Cardozo, el ex marino Alfredo Astiz y el capitán Raúl Scheller. El jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, también podría afrontar un proceso judicial por su responsabilidad en la masacre de Margarita Belén.

Frases utilizadas por la dictadura en campañas concientizadoras:

¿Sabe usted dónde está su hijo en este momento?
(Mensaje publicitario oficial, 1976/77)

Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después… a sus simpatizantes, enseguida… a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos.
(General Ibérico Saint Jean. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Mayo de 1977)

Me estoy probando los pantaloncitos para bañarme en el Pacífico.
(General Luciano Benjamín Menéndez, en obvia provocación a Chile, 1978)

El Mundial tenemos que jugarlo todos los argentinos.
(Slogan Oficial del Mundial 78)

Los argentinos somos derechos y humanos.
(Leyenda popularizada en una calcomanía durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos humanos, que vino en 1979 a constatar la represión ilegal)

La inflación está muerta.
(Christian Zimmermann, vicepresidente del Banco Central, 1980)

La gente nunca tuvo más plata que ahora.
(José Martínez de Hoz, en Nueva York, 1980)

Las urnas están bien guardadas.
(General Leopoldo Galtieri, 1981)

El que apuesta al dólar pierde.
(Lorenzo Sigaut, ministro de economía, 1981)

No digo adiós, digo hasta luego.
(José Martínez de Hoz, 1981, cuando dejó el ministerio de Economía)

Si quieren venir, que vengan.
(General Leopoldo Galtieri, en alusión a los ingleses, 1982)

¡Que traigan al principito!
(General Mario Menéndez, gobernador de Malvinas, refiriéndose al príncipe Andrés de Inglaterra, 1982)

Espero ser el último Presidente de facto de la Argentina.
(General Reynaldo Bignone, último presidente de facto, 1983)

Testimonios

Éramos catorce madres. Volvimos a la semana siguiente. Volvíamos cada semana por novedades a reclamar. Hasta que un día la policía nos dijo que no podíamos estar reunidas, porque había estado de sitio, y que debíamos caminar. Ellos nos impulsaron a caminar. -Caminen de a dos… circulen…- nos gritaban los policías. Nos tomábamos del brazo y empezábamos a caminar. Llegábamos a la plaza y nos poníamos en marcha para que la policía no nos corriera.
(Revista Paz y Justicia. Enero 1983)

Por primera vez un tribunal de justicia de un gobierno democrático consigue sentar en el banquillo de los acusados a los nueve integrantes de las juntas militares, que se sucedieron en el poder entre 1976 y 1982, tras un golpe de Estado. Las cabezas visibles de esa dictadura son juzgadas desde el 22 de abril de 1985. Estamos al frente de un acontecimiento histórico, que marcará para siempre la vida de la sociedad argentina.
(Diario del juicio. Ed. Perfil. 1985)

No he venido a defenderme. Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa, y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Sin embargo yo estoy aquí procesado por haber ganado una guerra justa.
(Emilio Massera, en declaraciones del juicio a las juntas, 1985)

No, no se podía fusilar. Pongamos un número, pongamos cinco mil. La sociedad argentina no se hubiera bancado los fusilamientos: ayer dos en Buenos Aires, hoy seis en Córdoba, mañana cuatro en Rosario, y así hasta cinco mil. No había otra manera. Todos estuvimos de acuerdo en esto. Y el que no estuvo de acuerdo se fue. ¿Dar a conocer dónde están los restos? ¿Pero, qué es lo que podemos señalar? ¿En el mar, el Río de la Plata, el riachuelo? Se pensó, en su momento, dar a conocer las listas. Pero luego se planteó: si se dan por muertos, enseguida vienen las preguntas que no se pueden responder: quién mató, dónde, cómo.
(Declaración de Videla del libro «El dictador», de María Seoane y Vicente Muleiro)

Señores jueces, quiero utilizar una frase que pertenece ya a todo el pueblo argentino: Nunca más.
(El fiscal Julio César Strassera en el cierre de su alegato de una semana, el 18 de septiembre de 1985)

La plaza es el lugar donde se produce el verdadero y único milagro de la resurrección (…) los primeros pasos tienen mucha profundidad y cuando me pongo el pañuelo en la casa de las madres, antes de salir para la plaza, y me lo aprieto fuerte en la barbilla, es un abrazo, el abrazo de los treinta mil. La plaza es la lucha, la esperanza, los sueños, las ilusiones y la sangre de los tantos.
(Hebe de Bonafini, Presidenta de las Madres de Plaza de Mayo en Diario Página 12, 26 de junio de 1996).

Músicas y canciones

Argentina
Sonido Sucio

Canción de Alicia en el país
Serú Giran

Canción de cuna para gobernante
María Elena Walsh

Canción Inútil
Ataque 77

Como la Cigarra
María Elena Walsh

Cuervos en casa
Fito Páez

Desapariciones
Rubén Blades

Ellas danzan solas (They dance alone)
Sting

Ellos son
Los Violadores

Juan Represión
Sui Generis

Indulto
Alejandro Lerner

Informe de la situación
Víctor Heredia

La isla de la buena memoria
Alejandro Lerner

La marcha de la bronca
Pedro y Pablo

La memoria
León Gieco

Las botas locas
Sui Generis

Algunas canciones

Las Madres del Amor
León Gieco

Los dinosaurios
Charly García

María Pilar
Teresa Parodi

No bombardeen Buenos Aires
Charly García

No llores por mí, Argentina
Serú Girán

Nos siguen pegando abajo
(Pecado mortal)
Charly García

No soy un extraño
Charly García

Pensé que se trataba de cieguitos
Los Twist

Por qué cantamos
Benedetti, Favero

Reina madre
Raúl Porchetto

Represión
Los Violadores

Sólo le pido a Dios
León Gieco

Sobreviviendo
Víctor Heredia

Todavía cantamos
Víctor Heredia

Todo preso es político
Los Redonditos de Ricota

Trelew y aquel 22 de agosto…

Continúan las investigaciones por la verdad – 13/03/2008

Masacre de Trelew: piden más detenciones

Se trata de los dos únicos ex funcionarios con vida de la administración Lanusse; la decisión refuerza la teoría de que la orden de disparar contra los militantes partió del más alto nivel del gobierno militar de 1972

(Télam).- El juzgado de rogatoria de Capital Federal tramita desde esta tarde dos nuevos pedidos de detención en torno a la Masacre de Trelew, nombre con el que se conoce a la causa por la que se investiga la muerte de 16 militantes de izquierda el 22 de agosto de 1972.

La confirmación del pedido fue formulada a Télam por el secretario penal del juzgado federal de Rawson, Mariano Miquelarena, quien sostuvo que «el pedido está formulado desde primera hora de esta tarde y ahora es el juzgado en Buenos Aires el que debe tramitarlo».

El pedido está dirigido contra el Brigadier Mayor (R) Ezequiel Martínez quien era secretario de la junta militar de la época en que se produjo la matanza en la base Almirante zar de la armada, y contra Eduardo Aguirre Obarrio entonces ministro de defensa del presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse.

Los pedidos de detenciones habían sido adelantados el lunes en conferencia de prensa por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación Eduardo Luis Duhalde, y tramitado hoy tras correrle vista al secretario penal que dio luz verde a la medida.

Duhalde, en su condición de querellante, ratificó con el pedido la teoría de que la decisión de disparar contra los militantes de organizaciones de izquierda no se tomó en la base misma sino en el más alto nivel político-militar de entonces.

De allí el pedido de detener a los dos únicos ex funcionarios con vida de la administración Lanusse.

Además el pedido de Duhalde había sido formulado en un día clave para la causa pues fue en la jornada en la que el juez federal Hugo Sastre resolvió «ordenar el procesamiento y convertir en prisión preventiva» a la detención de los cinco imputados.

La resolución además traba embargos millonarios contra los bienes de los imputados y dispone que cuatro de los cinco presos sean trasladados a la cárcel federal 2 de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, menos el ex cabo Marandino.

Esto último fue apelado hoy por la defensora oficial Mirta Mabel Seniow de Gando, quien defiende a dos de los cinco detenidos, quien pidió la prisión domiciliaria de sus asistidos en coincidencia con los otros dos defendidos por los penalistas Gustavo Latorre y Fabián Gabalachis.

«Eso está a resolver por el juez» confiaron las fuentes judiciales en relación al pedido de bloqueo de traslado a la cárcel penitenciaria y que se sustituya esa medida por la prisión domiciliaria que beneficie al contralmirante Horacio Mayorga (83) y a los ex capitanes Rubén Norberto Paccagnini (81), Emilio Jorge Del Real (73) y Luis Emilio Sosa (73).

El único que no pidió cambios en su situación de detención fue el ex cabo primero Carlos Amadeo Marandino, cuyo abogado Roberto Aguiar solo reclamó por el millonario embargo argumentando que «era un simple cabo» cuya solvencia no llega a cubrir los dos millones y medio de pesos exigidos.

En la masacre de Trelew, ocurrida el 22 de agosto de 1972 pasadas las tres de la madrugada, murieron fusilados los militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) Carlos Alberto Astudillo, Alfredo Elías Kohon y María Angélica Sabelli.

También perecieron los militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Clarisa Rosa Lea Place, José Ricardo Mena, Miguel Angel Polti, Ana María Villareal de Santucho, Humberto Segundo Suarez, Humberto Adrián Toschi y Jorge Alejandro Ulla.

La lista de las víctimas fatales se completa con los militantes de la organización «montoneros» Susana Graciela Lesgart de Yofre y Mariano Pujadas.

A la balacera sobrevivieron Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar (todos desaparecidos sobre fines de la década del 70), quienes alcanzaron a relatar que en el interior de la zona de calabozos se produjo el fusilamiento de personas indefensas.

La Justicia colaboradora del Proceso

Juzgan a una ex jueza por colaborar con represores – 09/03/2008

La Cámara confirmó el procesamiento de Emilia Marta García en la causa en la que se investigan los crímenes cometidos en la ESMA.

El fallo que dejó a la ex magistrada al borde del juicio oral al que tuvo acceso Infobae.com fue dictado por la Sala II de la Cámara al confirmar el procesamiento dictado por el juez Sergio Torres por los delitos de extorsión y asociación ilícita y que además incluyó un embargo de 700.000 pesos.

Se trata de una investigación desprendida de la «megacausa» de la ESMA que fue reabierta tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, en la que también fue acusado el ex almirante Emilio Eduardo Massera.

La causa se inició a partir del caso de la sustracción de los bienes por parte de los captores de Conrado Gómez, cuyo secuestro y posterior desaparición ocurrió el 10 de enero de 1977, y luego se extendió a otros casos.

Entre los bienes que le sustrajeron estaban la escritura de un campo ubicado en San Juan, papeles relativos a una sociedad, Cerro Largo, propietaria de tierras situadas en la localidad de Chacras de Coria en Mendoza, caballos de carrera, entre otros.

García fue procesada por haber colaborado con el ex represor en la «estructura financiera» de los militares acusados que desapoderaban de sus bienes a los detenidos mediante maniobras defraudatorias.

Según el expediente, García se desempeñaba en una escribanía que se encargaba de certificar la documentación por la que las víctimas «transferían» sus bienes a sociedades que integraban familiares de los ex marinos, entre ellos el hijo de Massera.

García fue en la década del 70 síndica de la empresa «Will-Ri» que conformaban, entre otros, los represores Jorge «el Tigre» Acosta, Jorge Radice y Francis William Wahmond, todos imputados en la megacausa de la ESMA.

La Cámara descartó los argumentos de la defensa de la ex jueza que al
declarar se justificó al decir que actuó «coaccionada» por temor a eventuales represalias sobre una hermana que estaba desaparecida.

García manifestó en su descargo que «vivía en estado de terror permanente» y que «sólo firmaba lo que le pedían», pero sus dichos no lograron convencer ni al juez Torres ni a la Cámara Federal de su inocencia.

Pero la Cámara en el fallo sostuvo que «Emilia Marta García sabía que integraba la organización que se dedicó a obligar que les fuera transferida, a su favor, la titularidad de distintos bienes pertenecientes a víctimas que en el momento de los hechos se hallaban privadas ilegalmente de su libertad y que, no obstante ello, tuvo la intención de procurar este cometido».

Finalmente, la Cámara sugirió la realización del juicio oral y público donde deberán debatise algunas cuestiones que restan profundizar.

DIFUNDA ESTE PEDIDO POR FAVOR !

Abuela busca a CLARA ANAHÍ MARIANI – 08/03/2008

BUSCAMOS PARA QUE APAREZCA !

Causa Etchecolatz – 5 de julio de 2006

«Chicha» Mariani: «En lugar del rosario, que alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Anahí».

En una extensa declaración María Isabel Chorobik de Mariani habló de los homicidios en la casa de calle 30 entre 55 y 56, de la sustracción de su nieta Clara Anahí y de los pasos dados en su investigación a lo largo de treinta años.

(La Plata, 5julio2006).- La entrada de la testigo a la sala fue saludada con un largo aplauso del público que colmaba la sala. En el inicio de su testimonio relató que Diana Teruggi era una estudiante de letras de 26 años, casada en 1972 con Daniel Mariani. La pareja había perdido antes un embarazo, de modo que Clara Anahí era un bebé muy deseado.

En la casa de calle 30 los jóvenes habían instalado una fábrica de escabeche con la intención de proporcionar trabajo a personas del barrio. En la parte de atrás de la casa funcionaba una imprenta clandestina.

El 24 de noviembre de 1976, “Chicha” Mariani estaba en su casa de calle 44 y 21 esperando a Diana que le llevaría a la niña para que la cuide, como hacía todos los miércoles.

Advirtió el inusual movimiento de tanques, helicópteros, patrulleros y efectivos y tuvo miedo por su nuera. “Yo no sabía nada de política en aquella época, pero sabía que estaban matando a mis mejores alumnos”. Chorobik era por entonces profesora del Liceo “Víctor Mercante”. Se inquietó pensando que Diana iba a tener inconvenientes para llegar y fue a la casa de una amiga. Iba y venía, tejiendo mientras esperaba. Ese tejido está aun hoy en el punto en que lo dejó.

La testigo relató que ese día recibió un llamado que le avisaba que su padre estaba enfermo, de modo que se fue a City Bell para estar con sus familiares. Al regresar a su casa vio un tumulto de gente frente a su casa, muchos lloraban. Creían que ella estaba muerta dentro de la casa, porque había habido un tiroteo. Al ingresar encontró todo destrozado y medio metro de todas las cosas rotas, vidrios, cubiertos, ropa, aceite, café, lo que fuera que hubieran encontrado en la casa estaba roto y tirado, salvo lo que habían robado.

Únicamente dejaron a salvo y a la vista una cinta con el “Réquiem” de Verdi y la póliza de seguro de vida de la testigo.

La ex presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo relató los acontecimientos de esos días: la búsqueda de los cuerpos de sus familiares, la entrevista con el Comisario Sertorio en la seccional Quinta, la invasión de su casa por una patota al mando de Luis Abelardo Patti y el ofrecimiento del policía Daniel Del Arco de “venderle a su nieta”, tal como lo había hecho en el Juicio por la Verdad. (ver http://www.apdhlaplata.org.ar\prensa\199970499.htm).

Agregó también datos conocidos después de aquella declaración, como el aportado por el ex chofer de Etchecolatz, hoy detenido, Hugo Guallama. Según este represor Camps o Etchecolatz habrían dado la orden de muerte: “Dale, negro, tirale que ahí va saliendo”, y Diana fue ametrallada por la espalda, cubriendo el cuerpo de su hija y salvando así su vida. Mencionó también a otros policías que participaron del episodio, como Monzón, Vercellone, Carlos “el oso” García y Fiorillo, éstos dos últimos responsables directos de haber sacado a Clara Anahí de la casa.

Juan Fiorillo fue, como se ha informado con anterioridad, el responsable de la desaparición de Felipe Vallese en 1962 y, durante la última dictadura, jefe del Comando de Operaciones Tácticas. Chorobik lo calificó hoy como el “monje negro” de la represión. En cuanto a García, participó de la comisión investigadora del atentado a la AMIA que suministró información falsa al juez Galeano, fue jefe de custodia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires y también custodio del arzobispo Antonio José Plaza.

Mencionó también a un cabo de apellido Bazán, perteneciente al R.I. 7, a quien llevaban “para las cosas feas”. Este suboficial habría ametrallado a Daniel Mendiburu Eliçabe en un rincón del patio, donde todavía pueden apreciarse los impactos de bala.

Su primer contacto con el Poder Judicial fue a través de un Juzgado de Menores, donde conoció a la entonces asesora Lidia Pegenaute, quien le hizo saber que había otras abuelas buscando a sus niños desaparecidos. A partir de allí comenzó a hacer contacto con esas mujeres que sufrían lo mismo que ella y que reclamaban por sus nietos.

La primera reunión de las por entonces llamadas “Abuelas Argentinas con nietos desaparecidos” se realizó debajo de un árbol, frente a la puerta del Círculo Militar.

A partir de allí una de las tareas que se dieron fue visitar a los jueces. Al menos una vez por mes, en grupos de tres personas, recorrían los juzgados y se entrevistaban con cada uno de los jueces: “la justicia no significó mucho aporte. Aunque ahora sí tengo esperanzas en el juez Corazza y en lo que pueda surgir de este juicio”.

Relató también los viajes de las Abuelas, que recorrieron los centros científicos del mundo buscando una forma de identificar a los niños en ausencia de sus padres, hasta que la encontraron en los Estados Unidos. Así nació el Banco Nacional de Datos Genéticos que funciona en el Hospital Durand y también se conformó el Equipo Argentino de Antropología Forense.
“Yo no le debo nada a la iglesia”

El primer sacerdote que la testigo contactó en su búsqueda fue el Pbro. Angel Colabella, organista de la catedral. Él le manifestó que no podía hacer nada, que muchos amigos suyos iban a verlo para preguntarle lo mismo. Pero se ofreció para preguntar a los aviadores de los Hércules si alguna vez los habían trasladado.

También visitó, como tantos familiares, a monseñor Emilio Graselli, quien le prometió noticias si volvía en quince días. En la segunda entrevista lo notó muy cambiado. El eclesiástico le manifestó que “la nena está muy alto y ya no se puede hacer nada, es demasiado tarde”.

La actitud del entonces arzobispo de La Plata, monseñor Plaza, fue enviarla al subsuelo de la catedral para hablar con un policía de apellido Sozi, que terminó interrogándola a ella.

Dieciocho veces fueron las Abuelas de Plaza de Mayo al Vaticano, con carpetas sobre los chicos desaparecidos. A la testigo le consta que el papa Juan Pablo II tuvo en sus manos los legajos, pero nunca recibieron una respuesta. Rescató en cambio la figura de algunos obispos, como De Nevares y Novak, que les brindaron consuelo y ayuda.

“Lo veo a Etchecolatz con el rosario y quisiera decirle que en lugar del rosario alivie su conciencia diciendo dónde está Clara Anahí, porque él lo sabe. Yo acuso a Etchecolatz de la muerte de mi nuera, de la desaparición de mi nieta, de estos treinta años de estar viviendo en la ignorancia de su destino. Y también del sufrimiento de miles de familias que buscan un rastro de sus hijos”.

Mariani reclamó una respuesta del Estado, que debe velar por esos niños, que son ciudadanos argentinos desaparecidos.

Un policía le dijo que Clara Anahí sobrevivió al ataque.

La segunda testigo de la fecha fue Lilian Stancati, quien recuerda el ataque a la casa de calle 30 por haber sido vecina de la zona. El operativo policial y militar incluyó tanques, ambulancias, patrulleros y varios helicópteros y la declarante escuchó detonaciones desde el mediodía hasta aproximadamente las cinco de la tarde.

La testigo trabajaba en la Delegación City Bell del municipio platense. Allí cumplía funciones de vigilancia policial un efectivo que siempre realizaba comentarios en el sentido de que tenía sueño porque la noche anterior “habían salido de rotetion”, refiriéndose a operativos policiales posiblemente vinculados a secuestros.

Este policía le relató en una oportunidad que durante el ataque a la casa de la calle 30 entre 55 y 56 la niña había sobrevivido porque había sido resguardada por sus padres con mantas y frazadas. Agregó que había sido entregada a un alto jefe policial cuya esposa no podía tener hijos.

La esposa del policía Daniel del Arco se contactó con Abuelas.

Rosaria Isabella Valenzi fue citada por el tribunal para atestiguar sobre la visita que la señora Patricia Domenici a la sede de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, filial La Plata.

Domenici había sido pareja de Daniel Del Arco y tenían un hijo. En abril de 1991 se presentó en Abuelas buscando contactarse con la señora de Mariani. Quería contarle que su esposo estaba vinculado con la desaparición de Clara Anahí. En ese momento dijo tener “mucha bronca” porque Del Arco quería quitarle a su hijo.

Finalmente ese contacto no se produjo. Posiblemente Domenici ignorara que Del Arco se había conectado mucho antes con Mariani, intentando “venderle” a su nieta, maniobra que habría sido desbaratada por el propio Camps.

Toda la crónica del juicio a Etchecolatz en http://www.apdhlaplata.org.ar.

Ud. puede colaborar con el sostenimiento de este juicio. Ingrese a http://www.apdhlaplata.org.ar/donaciones/donaciones.htm y apoye la lucha por la Verdad y la Justicia.

(fuente)

Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo –

■ Está implicado en al menos 337 secuestros como represor de la dictadura militar
Autoriza España la extradición a Argentina de Ricardo Cavallo

■ “Temporal”, el envío al país sudamericano; primero debe ser juzgado por los tribunales españoles

■ La acusación popular demanda una pena que oscila entre los 13 mil 300 y 17 mil años de prisión

Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España Imagen de archivo del ex militar represor, el 29 de junio de 2003, cuando se preparaba para salir del Reclusorio Oriente con destino al aeropuerto de la ciudad de México para ser trasladado a España .

Bilbao, 29 de febrero. El Ejecutivo español, del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, autorizó hoy la extradición a Argentina de Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de corbeta argentino procesado en España por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la dictadura militar (1976-1983), por los que la fiscalía solicita una pena de 13 mil años de cárcel.

La legislación española, así como el enrevesado proceso que se abrió contra Cavallo, obliga a Madrid a extraditar sólo de manera “temporal” al detenido, quien deberá de ser juzgado y condenado por los tribunales españoles, que deberán anunciar en fecha próxima la apertura del juicio oral.

El proceso contra Cavallo en España ha sido singular desde el principio, no sólo porque se convirtió en el primer caso en que se aplicó de forma taxativa por dos países –España y México– la doctrina de la “justicia universal” en crímenes contra la humanidad, sino también por su desarrollo procesal en tribunales españoles.

Cuatro años y medio después de su ingreso en la prisión de alta seguridad de Soto del Real, Cavallo podría ser extraditado a Argentina, pero sólo de manera “temporal” y para responder de forma puntual a las interrogantes y peticiones de la justicia de ese país, en este caso del despacho del magistrado Luis Torres, el responsable de investigar los crímenes que se perpetraron en la Escuela Mecánica de la Armada (Esma), un centro clandestino de detención y exterminio.

La vicepresidenta primera del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, informó en rueda de prensa del Consejo de Ministros que se había dado luz verde a la extradición de Cavallo, en acatamiento a un auto judicial del Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional y a la petición expresa del detenido.

De la Vega matizó que la entrega sólo será de “forma temporal” y que ésta no se llevará a cabo hasta que extinga su “responsabilidad penal” con España.

Cavallo fue extraditado por las autoridades mexicanas en junio de 2003, con lo que, en virtud del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, el gobierno y los tribunales mexicanos tuvieron que acceder a la petición de que se rextraditara a Cavallo a Argentina.

El pasado 7 de febrero, la cancillería mexicana comunicó su beneplácito al traslado del preso.

Manuel Ollé, abogado defensor de la acusación particular, se mostró tranquilo ante la decisión del gobierno español, ya que –sostuvo– “el artículo 19 del Tratado de la Ley de Extradición Pasiva dice que con independencia de que se conceda la extradición no se le pueda entregar hasta que sea juzgado en España si tiene un juicio pendiente”.

Esto significa, según la defensa, que en el caso de que el ex militar represor sea extraditado a Argentina en los próximos días, éste deberá comparecer ante los tribunales españoles, donde tiene abierto un sumario con más imputaciones que el que en teoría se le abriría en Argentina.

El historial judicial de Cavallo, alias Sérpico, comenzó en 2000, cuando la policía mexicana, en colaboración con la Interpol, lo detuvo en Cancún, cuando estaba a las puertas de un avión en que pretendía huir a Argentina.

Entonces, Cavallo era director del Registro Nacional de Vehículos del país, un cargo al que accedió gracias al gobierno del presidente Ernesto Zedillo y que le sirvió durante años para esconder su verdadera identidad.

La apertura en la Audiencia Nacional española de los procesos contra las dictaduras de Argentina y Chile permitieron identificar a los principales responsables de la represión y el exterminio en esos países del Cono Sur de América, por lo que desde esta instancia se giraron las primeras órdenes de detención internacional contra ellos, entre los que se encontraba Ricardo Miguel Cavallo.

Tras su aprehensión, Cavallo permaneció en prisión incondicional sin fianza durante el largo proceso de extradición en México, que culminó en junio de 2003 cuando tanto los tribunales mexicanos como el gobierno del entonces presidente Vicente Fox autorizaron su traslado a España.

Este dictamen significó un hito en la historia de la “justicia universal”, ya que por primera vez una tercera nación –México– autorizaba la entrega de un acusado por crímenes contra la humanidad a otro país –España–, que no estaba relacionado directamente con los delitos que se perseguían debido a que éstos se cometieron en Argentina.

A su llegada a España, Cavallo fue interrogado por el magistrado que instruía la causa, el juez Baltasar Garzón, quien durante los últimos tres años recopiló numerosos testimonios y pruebas para formalizar la petición de apertura del juicio oral.

Tras las indagatorias, el magistrado español demostró la implicación de Sérpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que todavía permanecen desaparecidas, la desaparición de 16 mujeres que dieron a luz en la Esma y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estas atrocidades, la Fiscalía del Estado español y la acusación popular solicitaron una pena que oscilaba entre los 13 mil 300 y los 17 mil años de cárcel.

La defensa y las víctimas insisten en que ahora más que nunca la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional debe fijar la fecha de apertura del juicio oral.

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